“Investigar en la universidad. Revisando el Programa de Incentivos y el SIDIUN” fue el título del tercer encuentro virtual organizado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de CONADU –esta vez junto con el Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento Científico (CECIC) y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO–, en el marco del ciclo Democrática, popular y feminista: la universidad que queremos, un espacio para pensar los cambios que ha atravesado y que necesita atravesar la universidad argentina para garantizar el derecho a la educación superior. Fernanda Beigel, Judith Naidorf, Laura Rovelli, Fabiana Bekerman, Sonia Araujo, Víctor Algañaraz y Marcelo Pratti fueron parte del intercambio de estudios, balances y tendencias en pos de volver a poner la investigación en la agenda de la política universitaria.
“El debate sobre el lugar del Programa de Incentivos y lo que ha producido, las respuestas que ha dado, incluso sobre los procesos de modificación, es relevante. Por su parte, el SIDIUN no está siendo aplicado en este momento pero nos parece necesario retomar las preocupaciones que generó su creación. Todo en una discusión más amplia sobre cómo entendemos o cómo creemos que debería ser pensada/diseñada/discutida e implementada una política de investigación en y de las universidades nacionales (…) Quizás habría que empezar a desligarla del dispositivo incentivo y pensar cómo se generan condiciones para que se desarrolle esa investigación”, planteó Yamile Socolovsky –directora del IEC, Secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU e integrante de la coordinación del espacio de género de la CTA– en la apertura del conversatorio.
Fabiana Bekerman –profesora en la Universidad Nacional de Cuyo, codirectora del CECIC e investigadora adjunta del Conicet que trabaja sobre estudios sociológicos de la ciencia y la tecnología– presentó resultados de un análisis sobre el Programa de Incentivos entre 2016 y 2019 desde un doble acceso: uno histórico y estructural sobre el Programa y su desarrollo, y otro acceso etnográfico a partir de observaciones participantes en los comité de evaluadores de la última categorización.
“La idea es tomar algunas tendencias de este trabajo que nos permitan pensar el estado actual del Programa y las perspectivas futuras. Y, si fuera reemplazado por el SIDIUN, cuáles son las implicancias que tendría”.
Las tendencias a las que se hizo referencia fueron publicadas en el libro “Culturas evaluativas”, coordinado por Bekerman y Beigel, coeditado por CLACSO y el IEC-CONADU, y disponible en versión PDF aquí.
En la misma línea, Víctor Algañaraz –sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, profesor en la Universidad de San Juan y co-coordinador del Gabinete de Estudios e Investigaciones en Sociología (GEIS)– aportó hallazgos y resultados de investigación sobre el Programa de Incentivos, haciendo foco en la categorización como eje medular de una compleja práctica de evaluación.
“En nuestras indagaciones hemos dado cuenta de al menos cinco componentes centrales de la evaluación: un sujeto-objeto de evaluación, que son los y las docentes e investigadores/as de las universidades; información que se ha venido sistematizando y relativamente confiable sobre aquello que se evalúa, los respectivos desempeños académicos; por supuesto aquellos sujetos interventores en la evaluación: los y las docentes-evaluadores/as; y los instrumentos de evaluación, los parámetros o métrica evaluativa que dan como resultado la emisión de un juicio de valor y la toma de decisiones para la asignación de una categoría científica”.
En su intervención Marcelo Pratti –profesor en Filosofía en la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales– ofreció una detallada caracterización sobre el SIDIUN y el contexto de su surgimiento.
“La resolución que crea el SIDIUN es desprolija, es incompleta y está descontextualizada, lo que crearon es un sistema de categorización nuevo que está mal articulado con la resolución de la cual depende, que es el manual del 2014 y con el decreto de creación del programa del año 93, que sigue vigente. Creo que el apuro fue unificar las categorizaciones e incluir a los docentes de universidades privadas sólo para la categorización, eso es algo que en 2015 se había aprobado, en 2018 se había diseñado un procedimiento prolijo y en el 2019 se diseñó este procedimiento menos prolijo que junta a todos los docentes universitarios, de universidades públicas y privadas, provinciales y de las fuerzas armadas y de seguridad. ¿Qué diferencias fundamentales hay entre el manual del 2014 y el SIDIUN?
Se establecen criterios generales de evaluación muy amplios porque los criterios específicos de evaluación se van a definir en otra instancia, se valora especialmente la formación de posgrado, la formación de recursos humanos, la investigación en la transferencia, pero no hay referencia a la docencia, a la gestión y no está mencionada la expresión artística”.
Judith Naidorf –licenciada en Ciencias de la Educación, doctora en Educación, investigadora del CONICET y coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO– recordó el inicio intempestivo del PROINCE.
“La zanahoria de los incentivos había generado que muchos más docentes universitarios se autopercibieran como investigadores. La realidad es que no era la única forma posible y fue una típica medida menemista, una forma de deshomologación salarial, de fragmentar la docencia universitaria premiando a los que cumplían con los deberes respecto de lo que se creía ser la docencia universitaria. Y ocurrieron cosas mucho mejores que los incentivos que permitieron que la docencia universitaria se profesionalizara y creciera”.
Por su parte, Laura Rovelli –investigadora del CONICET y coordinadora del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica de CLACSO– reconoció los severos cuestionamientos al Programa de Incentivos pero a su vez señaló la existencia de una legitimidad de los procesos e instancias de evaluación. “La evaluación vuelve a la agenda de las políticas universitarias científicas a nivel internacional, regional y esperemos que también a nivel nacional. En ese sentido, vemos un cuestionamiento a los sentidos y a los efectos que tuvieron las políticas de los 90 y un malestar creciente en la comunidad académica. Pero al mismo tiempo hay una legitimación de los procesos, de las instancias de evaluación, de la acreditación del conocimiento, de las instituciones y de las trayectorias. Por lo cual no es el mismo contexto que teníamos en aquella década de gran transformación”.
Y continuó: “Sin duda la dinámica del cambio tiene que ser sistémica, tiene que ir desde las políticas nacionales hacia las políticas institucionales de las universidades y hacia las prácticas concretas de las actoras y actores del sistema. Y tiene que ser sostenible. Es decir, que haya una inversión sostenida para legitimar estas prácticas de evaluación, que requieren desarrollo a lo largo del tiempo porque implican cambios en la trayectoria y en la historia de vida de las docentes y los docentes. Deben pensarse instrumentos/dispositivos sostenibles, y podemos pensar en colectivo recuperando la voz de los docentes, de los investigadores e investigadoras, de los extensionistas, de quienes están en la gestión de datos en las universidades y de los sindicatos”.
Para Sonia Araujo –doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesora en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), investigadora del Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales, y directora de proyectos de investigación– resulta clave revisar el Programa de Incentivos teniendo en cuenta los propósitos de creación y qué sucedió con su aplicación desde una perspectiva integral que considere las actividades que definen el quehacer de las instituciones universitarias (docencia, investigación, gestión) según rasgos, tradiciones y tensiones propias de las políticas institucionales que se trasladan al trabajo académico.
Con miras hacia el futuro, Araujo apuntó: “En la actualidad asistimos a un escenario incierto en el que las políticas deberán atender también los proyectos formativos de estudiantes, el impacto o los efectos que han tenido las mediaciones tecnológicas en las formación y en el trabajo académico universitario, y además el lugar, el sentido y las consecuencias de la introducción de las tecnologías digitales en la formación”.
Finalmente, Fernanda Beigel –socióloga, profesora en la UNCUYO, investigadora principal del CONICET y a cargo del Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento– caracterizó el conversatorio como la oportunidad de ver lo que fue el Programa de Incentivos y en lo que podría haberse convertido el SIDIUN.
“Creo que Argentina tiene la gran singularidad de no tener un sistema salarial estratificado por productividad. Eso es muy distinto de lo que ha pasado en otros países de la región, que han comenzado con el uso de indicadores totalmente heterónomos para evaluar nuestro trabajo científico. Poner sobre la mesa las dificultades de estos programas para que transitemos un camino de ciencia abierta no comercial”.
La grabación completa del encuentro sobre «Investigar en la universidad» está disponible aquí:
El siguiente encuentro será el 1 de octubre, dedicado a “Tendencias de privatización y mercantilización de la universidad en América Latina”. Para participar habrá que inscribirse a través de un formulario.
Cabe resaltar que el ciclo Democrática, popular y feminista: La universidad que queremos comenzó el 11 de agosto con un primer intercambio titulado “Educación universitaria, tecnologías, pandemia”, que se concentró en compartir miradas y experiencias sobre el impacto del COVID en la práctica de la docencia y el aprendizaje. Luego fue el turno de pensar en términos de “Universidad y Patriarcado”. El 25 de agosto, entonces, los debates giraron alrededor del orden patriarcal, la desigualdad de género y las políticas de diversidad en las casas de estudios superiores.