Hasta el año 2015 se ha producido en la Argentina (y también en otros países de América Latina) una importante ampliación de las oportunidades de acceso a los estudios universitarios, tanto por la mejora en las condiciones de vida de la población, como por la creación de nuevas instituciones y la extensión territorial de las actividades de las universidades preexistentes. La gratuidad y la ausencia de restricciones académicas al ingreso constituyen, sin duda, un factor decisivo para facilitar esta ampliación.
Sin embargo, con el objetivo de asegurar una plena democratización de la educación superior, es preciso garantizar no sólo igualdad de condiciones y oportunidades para el ingreso, sino también permanencia y el egreso de los estudiantes.
Desde esta perspectiva, el IEC produce de manera regular un amplio abanico de acciones, que van desde la investigación académica hasta la realización de encuentros en los que se discute, amplía y profundiza la idea de que la educación en general y la universidad en particular son derechos tanto de los ciudadanos individualmente como de las sociedades en su conjunto.
En ese sentido, ha planteado la necesidad de establecer políticas que garanticen ese derecho no solo a través de acciones asistenciales sino a partir de la propia transformación de las propias instituciones universitarias. Garantizar el derecho a la universidad requiere comprender mejor a los estudiantes que entran a las universidades –quiénes son, qué necesitan–para definir qué dispositivos se deben generar para contenerlos, pero implica también un análisis crítico de las condiciones que ofrecen las propias instituciones a los estudiantes, lo cual implica en muchos casos revisar los modos de organización de la actividad académica y del trabajo docente.
