Secretaria Ejecutiva de CLACSO.
¿Con qué expectativas y qué diagnóstico se llega a esta Conferencia Mundial de Educación Superior?
CLACSO va a participar por primera vez de la Conferencia Mundial. Aun en este contexto de discusión que se ha dado sobre su organización, consideramos que es muy importante estar presentes y discutir qué es lo que está ocurriendo en la educación superior con una perspectiva crítica y latinoamericana, como un derecho humano, por lo tanto con características universales, y también como un bien público. Esa es una de nuestras definiciones y prioridades institucionales. En ese sentido, queremos retomar en el marco de la conferencia algunas de las resoluciones que tomó la CRES en 2018 en Córdoba, claramente las vinculadas, por ejemplo, al acceso, al uso, a la democratización del conocimiento como un bien público, social, colectivo y un bien estratégico para garantizar los derechos humanos. Y decir que la educación superior es un bien público y social es decir que la educación no es una mercancía y que por lo tanto no debe estar sujeta a condiciones y a políticas mercantiles que, lamentablemente, desde la década de los 80, es creciente en América Latina, incluso en aquellos países en los que hay una fuerte tradición de educación superior y de universidad pública, laica, gratuita. Esto es en parte porque no se ha logrado tener acuerdos a nivel regional y discutir fuertemente el financiamiento de la educación superior. Nosotros defendemos en todo momento, y más en estas situaciones de pandemia o pospandemia, la idea de que la vida –las distintas formas de vida– y la educación deben estar en el centro y no deben ser objeto de tratamientos puramente mercantiles.
¿Cuál es el panorama en América Latina y qué acciones se están llevando adelante (o se deberían llevar adelante) por parte de los países para garantizar la democratización en la producción y la circulación del conocimiento?
Cuando hablamos de la educación superior como un derecho humano y como un bien público, eso podemos extenderlo en un sentido más amplio al conocimiento, a la ciencia, y nos referimos a que no tenga ningún tipo de barreras para poder acceder. Esto es también una de las definiciones estratégicas e institucionales de CLACSO, que existía desde siempre pero que se ha reforzado mucho por la experiencia de la pandemia, donde quedó muy claro el problema de la mercantilización del conocimiento, como por ejemplo con las vacunas. Defendemos esta idea, pero no solamente en lo discursivo sino también en la práctica, firmando, discutiendo y acordando con distintas instituciones a nivel internacional para poder avanzar en esta dirección. Y también en prácticas institucionales como las que tenemos desde siempre en términos de acceso abierto a toda la producción que se realiza en CLACSO y en los más de 800 centros miembros que hoy integran nuestro consejo. Por ejemplo, la Biblioteca Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y Humanidades que está en completo acceso abierto. Creemos que ese es el camino porque, además, la producción de ciencia en nuestros países de América Latina tiene un fuerte componente de financiamiento público en las universidades públicas y en otras instituciones del sistema científico. Los resultados de esa investigación también deben ser públicos y no estar sujetos a cualquier tipo de restricción, patentes o similares.
Así como la producción de conocimiento es una plataforma con enormes potencialidades para la integración regional, ¿en qué otros aspectos hay que construir herramientas para profundizar este proceso?
Creo que hay dos elementos que se están trabajando, pero que deben trabajarse más intensamente. El primero es esa integración desde el punto de vista del conocimiento y el segundo refiere a acordar algunos mecanismos en torno a lo que es la práctica científica o la práctica de producción de conocimiento. En esa dirección, desde CLACSO hemos impulsado muy fuertemente lo que llamamos el foro latinoamericano de evaluación científica, que quiere poner en discusión y proponer alternativas a las formas en que hoy se hace y se evalúa la producción de conocimiento científico, incorporando allí las particularidades de las distintas disciplinas, particularmente de las ciencias sociales y las humanidades, y también las particularidades de las distintas regiones, porque esto lo estamos haciendo desde América Latina pero en diálogo con otras regiones del mundo. Esto implica poner en cuestión los parámetros actuales de relevancia y evaluación científica, por ejemplo, asociados a los famosos ránkings de revistas científicas, que, además, todas ellas, las que están mejor catalogadas, en su gran mayoría realizan su práctica editorial en el ámbito mercantil, donde no solamente hay que pagar para leer sino muchas veces pagar para publicar. Esos son elementos muy importantes para que la educación superior y la ciencia sean un derecho humano y no tengan este tipo de restricciones producto del tratamiento mercantil. Creemos que ese es uno de los dilemas más importantes que tiene nuestra región y que debe discutirse también en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior.
Nuestra región tiene una enorme acumulación también de conocimiento social, de producción colectiva no siempre adentro de la academia (en la “calle”, por decirlo metafóricamente), relacionada con el combate a las distintas formas de desigualdad. En ese marco, ¿qué se ha logrado aplicar de este conocimiento colectivo en el sistema de educación superior y qué se puede proponer al debate internacional?
Toda la reflexión latinoamericana está marcada fuertemente por una característica: nuestra región es la más desigual del mundo. Y cuando hablamos de esas desigualdades están las vinculadas al género, la raza, los pueblos originarios, los fenómenos migratorios, las cuestiones ambientales, la edad y otras distintas dimensiones de esa desigualdad. Ese es un punto que debe estar siempre presente en la discusión y en la elaboración de las políticas. Tenemos que plantearnos políticas tanto científicas como de educación superior que incorporen esta dimensión porque si no lo hacemos y no realizamos políticas activas para superarlas lo único que vamos a hacer es seguir reproduciendo esas desigualdades, también en el ámbito de la educación superior o de la práctica científica. Quiero destacar también que hay una tradición importante en América Latina –y es parte también del trabajo que estamos haciendo en el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica– de integrar múltiples saberes. Nos solamente los saberes científicos tradicionales o típicamente más consolidados sino esos otros saberes producto del conocimiento comunitario, del conocimiento de los pueblos originarios y un largo etcétera que creemos que tienen que ser integrados en la discusión que se dé sobre las políticas científicas y de educación superior para que estas efectivamente se conviertan en un derecho para todos y para todas. Allí hay deudas pendientes muy importantes, pero creo que finalmente se han colocado en la agenda de discusión. Eso ya es un paso muy importante y, además, están siendo tomados también por otras regiones del mundo a impulso de la discusión que se está dando en América Latina y el Caribe. Cuando decimos que queremos defender esa perspectiva latinoamericana y crítica, implica incorporar estos elementos en la discusión y en la formulación de políticas.
La pandemia ha provocado un endurecimiento de los procesos de privatización y mercantilización de la educación superior, pero también un momento de reformulación y de reflexión creativa por parte de los sistemas públicos. Todo esto generó un fuerte cimbronazo en los debates sobre las condiciones laborales del trabajo docente y académico. ¿Qué perspectivas y qué necesidades cree que se abren para el trabajo docente en esta etapa que creemos nueva y que se está abriendo después de lo que fue la experiencia de la pandemia?
Creo que el desafío mayor (lo era antes de la pandemia, ahora quizás se enfatiza más) es el de la valorización del trabajo docente. Y no me refiero exclusivamente a la dimensión económica, que por supuesto es importante, sino también a la valorización social del trabajo docente en todos los niveles y en la educación superior en particular. No podemos pensar en nuestra región políticas de educación superior fuertes, articuladas, integradas, que no incluyan esta dimensión, que no incluyan salarios decentes, políticas de formación continua, políticas de equidad de género, políticas que tengan en cuenta las cuestiones reproductivas que tanto afectan a las mujeres en el ejercicio de la docencia. Eso para mí significa valorizar desde el punto de vista económico, social y político el trabajo docente en América Latina. Es imposible pensar políticas de educación superior que no incorporen este punto y sobre todo que no incorporen a los y las docentes en la discusión.
¿Cómo impacta la situación política del continente en estos temas?
Un punto que miramos con preocupación es cómo los procesos de inestabilidad política que afectan al mundo y a la región latinoamericana y caribeña también afectan el desarrollo del conocimiento, particularmente cómo estos procesos de inestabilidad política ponen en jaque muchas veces a las universidades públicas y a las instituciones investigación. Esto se da de muchas formas, pero dos quizás son las principales: una son las restricciones políticas a la libertad intelectual, a la libertad de expresión, y la otra es la reducción presupuestaria. En los últimos años, en muchos países de América Latina, hemos visto reducción de presupuestos y cierre de oferta educativa superior en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Me parece que ese punto también debería estar en la agenda de discusión y pensar medidas para fortalecer estos procesos en los países que tienen inestabilidad política.
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