NORA GONZÁLEZ: Politóloga y abogada. Docente e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica). Directiva de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
LAURA GIANNECHINI: Cientista social y periodista, con especialización en Políticas Públicas para la Igualdad. Coordinadora de Desarrollo Institucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Se acaba de realizar una Conferencia Mundial de Educación Superior en Barcelona. ¿Cómo evalúan el escenario mundial y regional en este aspecto?
Laura Gianecchini: Nos parece importante discutir el tema de la educación superior en este momento, cuando vemos tantos ataques en nuestra región. Creo que la pandemia trajo una tendencia de aumento de la privatización. Ya venía desde antes, pero con la pandemia se intensificó muchísimo, con grandes corporaciones en las discusiones sobre qué significa y cuál es el sentido de la educación superior. Nosotros llevamos a la Conferencia una mirada desde la perspectiva de los derechos humanos. La educación superior es un derecho que ya está reconocido en marcos internacionales de derechos humanos y eso supone un contenido que ya ha sido acordado desde hace mucho. Creemos que hay que remarcarlo y reafirmarlo justamente por estos riesgos de reinterpretación sobre qué es la educación y qué es el contenido del derecho a la educación.
Nora González: Uno de los temas que se trabajaron en esta Conferencia Mundial en Barcelona al que hay que darle seguimiento es la producción de datos y conocimiento. Personalmente, es la parte que más me preocupa, porque en la definición de este tema hablan de estandarización de los procesos de investigación, de recolección de la información y de dar la información a la comunidad científica. Además, hablan de “producción” de datos y conocimiento. Sabemos que el conocimiento es un proceso científico, un proceso de creación científica que tiene un método y no se “produce”, porque no es una fábrica. Hay que tener cuidado con eso porque el uso del lenguaje también habla mucho de la intención.
¿Qué implicancias tienen esos cambios?
NG: El problema está en que se pretenda que ese proceso y esa forma de investigar, esos datos y esos conocimientos, sean los que están en los currículos de forma obligatoria en todos los países. Ello es estandarizar. Entonces, hay una pérdida de especificidad de las condiciones de cada una de las regiones. Por ejemplo, la región latinoamericana y el Caribe: como decimos en el documento de la CLADE, Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior: Reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe, claramente América Latina requirió de un sistema educativo específico, que habla de la autonomía universitaria, porque, por los vaivenes políticos en las que siempre están metidas las universidades y el movimiento estudiantil, es necesario una independencia de los gobiernos que garantice la educación para todas las personas, que haya una incidencia de los resultados de investigación en las problemáticas de las comunidades, libertad de cátedra, etc. Este proceso de educación universitaria es muy diferente a los procesos de otros modelos. Entonces, yo no soy optimista porque creo que no están teniendo en cuenta las especificidades de cada uno de los continentes. No están teniendo en cuenta las especificidades del continente americano y caribeño.
LG: Estoy de acuerdo con Nora en que este contexto es desafiante, pero tengo que tener aire de esperanza y de posibles cambios o de resistencia, por lo menos, porque la verdad es que si no participamos, muy difícil va a ser incorporar nuevas miradas (o viejas miradas, en algunos sentidos), que son consolidadas o que fueron acordadas como lo que se necesita para que tengamos efectivamente una educación transformadora, emancipadora y que logre romper estas asimetrías de poder que vienen reproduciéndose en nuestro sistemas educativos, sea en la primaria, la secundaria y también la educación universitaria. Desde América Latina y el Caribe tenemos una tradición de pelear por la educación superior. Desde la Reforma de Córdoba, hace 100 años, que los estudiantes dijeron “no, la educación tiene que ser laica, tenemos que hacer una apuesta por la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la participación de los estudiantes y las estudiantes en la toma de decisiones”. En fin, hay varios elementos que inspiraron hace muchos años el desarrollo de la educación como un derecho en nuestra región y que brindaron elementos para también inspirar educación superior en otras regiones. En este momento, es importante recuperar estos elementos y no dejarlos ahí como si fueran parte de la historia pasada, sin implicancias para el presente. No, tenemos que dar un paso adelante, pero recuperando lo que se abrazó y por qué se abrazó.
Además de no dejar “caer” esa bandera o esa tradición, ese modelo latinoamericano, ¿cuáles serían las vías de acción que habría que implementar para que en el siglo XXI podamos garantizar la universidad como derecho humano? En otras palabras, ¿cuál es la agenda de la educación superior como derecho humano en el siglo XXI?
NG: Creo que lo principal es el financiamiento, para garantizar que la educación universitaria sea pública, de calidad, accesible. Creo que también otro gran reto asociado a ello, es tener gobiernos más transparentes, menos corrupción y, sin lugar a dudas, también el tema de la recolección de impuestos. Necesitamos que haya un sistema que recolecte mejor los impuestos, que permita más inversiones en educación superior universitaria. Y creo que es importantísimo no abandonar nuestro modelo universitario.
LG: De acuerdo con Nora. Otros elementos que no estaban tan planteados hace 20 o 30 años son la privatización de la educación superior y nuevos modelos de la financiación de la educación. Es decir, ahora la educación es planteada por muchos como si fuera una mercancía. Está siendo negociada en la bolsa de valores. Es un bien del mercado que genera lucro, mucho para pocos. Si vemos por ejemplo en Brasil, en la lista de los multimillonarios de Forbes se identifica a 9 de los 315 que hicieron su fortuna a partir de negocios en la educación exclusivamente. Es decir, hay toda una ganancia que se está moviendo a través de la educación. Y eso sin mencionar lo que dice Nora, la estandarización, la cultura del individualismo, del emprendedurismo, que rompe la posibilidad de asociación colectiva. Es una manera de deslegitimar toda la democracia por su mirada economicista, utilitarista. La educación viene sirviendo a un tipo especifico de mercado laboral que no necesariamente es el que queremos para transformar nuestras sociedades. Pensamos la educación como un elemento central político en la construcción de nuestras sociedades. ¿Para qué queremos esta educación superior? Para romper esta asimetría de poderes y las desigualdades tan marcadas en nuestra región. Para que eso sea posible, tenemos que democratizar la enseñanza superior. Una educación pública, gratuita, inclusiva, pero que no solo incluya a las personas por tener más cupos. Es una inclusión con participación, con un contenido educativo que sea adaptable al contexto de los estudiantes. Descolonizar la mirada que teníamos de una educación superior autoritaria, autocrática, es urgente y quizás es una contribución que podemos aportar al mundo en términos de cuál es el significado y el contenido de la educación superior. Esto implica también a la estandarización y privatización de la educación superior universitaria, que tiene que ver con las carreras y los énfasis y los conocimientos que se imparten y los que se dejan de impartir.
¿En qué sentido?
NG: Hay una tendencia en las carreras de ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, etc., que apuntan únicamente a ese tipo de conocimiento y se olvidan de formar en pensamiento crítico. Hay áreas de conocimiento que quedan por fuera: no importa la filosofía, las ciencias sociales, el arte, esos son temas que son secundarios. Ser filósofo le queda a Platón y a Aristóteles, allá atrás. Son ideas o pensadores que no están en este mundo práctico porque lo que se requiere es generar competencias entre los estudiantes para el mercado laboral. No se enseña el cómo pienso y cómo me ubico. Lo noto mucho en las personas que estudian derecho, en las universidades privadas o públicas. Generalmente, tienen muy poco conocimiento respecto al tema de derechos humanos y los mecanismos internacionales de exigibilidad de derechos humanos. Se especializan en otras ramas del derecho. Empieza a ausentarse ese conocimiento y es lo que no le permite al ser humano pensar y hacer. No estudiamos esos conocimientos, esas categorías, esos conceptos, que nos permiten jugar con la disciplina que tengamos, porque lo que interesa es trabajar.
¿Qué efectos tiene?
NG: En América Latina esto es algo muy importante. Aquí no se produce el conocimiento, aquí los profesionales van a ser mano de obra, profesionales baratos. Como en el caso de Costa Rica en las ingenierías, medicina y otras áreas. Hay profesionales de altísimo nivel y las fábricas se instalan, trabajan con formación igual que las europeas, pero los costos son muy bajos. El conocimiento se produce en otro lado. La alianza que se planteó en esta Conferencia Mundial con el sector empleador, con las estandarizaciones de los conocimientos y con qué conocimientos vamos a crear, para mí tiene un problema muy serio y lo vimos ahora con la pandemia: si las empresas privadas son las que producen el conocimiento, quienes van a tener el derecho sobre ese conocimiento producido van a ser ellas. Lo que sucede con las vacunas y la pandemia: hubo que pagar miles de millones a 2 o 3 empresas privadas que se hicieron multimillonarias a costa de la necesidad de vivir de la Humanidad y no había mecanismo o voluntad política para exigir que ese conocimiento fuera de acceso libre. Entonces, estas alianzas reflejan esto, y concentran el conocimiento en lo privado. Pero lo privado lucra. Tiene un fin diferente, no es social.
¿De qué manera se actúa frente a las desigualdades que se verifican en la educación superior latinoamericana y caribeña?
LG: Nos parece muy bien, como un elemento muy novedoso de muchos países de nuestra región, que viene de los últimos 10 o 20 años, la creación de políticas afirmativas para la inclusión de personas o grupos históricamente marginados o excluidos. Vemos que las universidades públicas, en ese sentido, empiezan a abrirse a una diversidad que no estaba presente porque históricamente las universidades públicas en nuestra región fueron construidas para las elites. En algunos países no, pero en varios de los países de la región eso sucedió. La inclusión de estos grupos que vienen con violaciones de derechos de etapas anteriores de la trayectoria educativa implica el reconocimiento de otras necesidades en la educación superior. Entonces, este abordaje más de políticas intersectoriales e interseccionales en la enseñanza superior es urgente. Lo que vemos en el curso de este siglo, en las escuelas o en las universidades públicas de nuestra región, es un aumento de violencias que tienen que ser abordadas y reconocidas por el Estado de una manera nueva también. Creo que, pensando en cambios del sistema educativo superior, en qué cosas nuevas tenemos que observar en este nuevo contexto, es importante mencionar ese tema de las políticas intersectoriales, de asistencia social, de ver cómo llegan, cuál es la vivienda que acoge a estos estudiantes, cómo brindar elementos de salud mental, lo que en la pandemia ese fue un elemento muy importante. Y asimismo la importancia de despatriarcalizar el sistema de educación superior. Sabemos que sigue habiendo casos de acoso, de violencia de género, sexual y no solo sexual, y es un elemento que está tan presente en nuestras sociedades. Tenemos que cambiar estas normas de género y pensar cómo desde la educación superior evitamos estos estereotipos, como que las ingenierías son solo para hombres. Tenemos que equiparar la equidad de género.
NG: Cuando los sectores privatistas y mercantilistas hablan de la inclusión en la educación superior, definen esa inclusión como la necesidad de acceder y sacan la conclusión de dar apoyo financiero a quienes no pueden pagar. Desde el enfoque de los derechos humanos, la inclusión no significa para nada dar apoyo financiero. Es crear las condiciones materiales e inmateriales para el disfrute y el goce del derecho de la educación. Tiene que haber un apoyo financiero, el gobierno tiene que tener dinero para hacerlo. Pero no es el hecho que el buen gobierno o la buena empresa vaya a financiar, la educación tiene que ser gratuita, aun la universitaria.
