Un nuevo informe elaborado por el IEC-CONADU sobre la evolución de las finanzas del sistema universitario público argentino contabilizó que el Gobierno de la alianza Cambiemos realizó en el primer semestre del año un recorte de más de 1000 millones de pesos al presupuesto asignado por el Congreso Nacional para 2018. Además, en el período que va de enero a junio, el Poder Ejecutivo retuvo pagos por nada menos que 13.500 millones de pesos. La síntesis de ese informe fue puesta en circulación a mediados de julio y se puede acceder a ella aquí:
En lo que se refiere al recorte directo, la cifra exacta es de 1.056,4 millones. La mayoría fueron sustraídos de los fondos que maneja la Secretaría de Políticas Universitarias, con áreas muy afectadas como las de Proyectos Especiales (que perdió el 90,9% de lo previsto); Infraestructura (-40,3%) y Conducción, gestión y apoyo a las políticas de educación superior (-31,2%). También se recortó aquella línea destinada al fomento de la investigación de los docentes universitarios (-3,7%).
Pero, a su vez, como ocurrió desde su llegada al poder, Cambiemos realiza una sistemática subejecución de las pautas presupuestarias que, en los hechos, se traduce en un nuevo ajuste por inflación. Este semestre, esa demora en los pagos alcanzó a 13.552,4 millones de pesos. Quiere decir que la SPU no pagó un cuarto (24,9%) de un financiamiento que ya de por sí era exiguo. Las cifras de subejecución son alarmantes en Proyectos Especiales (100%), el Programa Bec.Ar (93,7%) y Gastos para Funcionamiento (73,3%), pero también son graves en los rubros Investigación de los Docentes Universitarios (53,5%) y Financiamiento de los Hospitales Universitarios (49,5%).
Los detalles del análisis se pueden consultar en el informe. En el área de Presupuesto y Financiamiento Universitario se puede acceder además a otros informes sobre el tema elaborados por el IEC.