Tomando como punto de partida los cien años de la Reforma, la directora del IEC-CONADU relató en el sitio de la Internacional de la Educación el cuadro de resistencia continental a las políticas neoliberales que pretenden imponer sobre la universidad los gobiernos conservadores.
El día 15 de junio se cumplieron cien años de la Reforma Universitaria que, protagonizada en Córdoba, Argentina, por el movimiento estudiantil, dio inicio a un proceso de transformación democrática de las estructuras académicas que conmocionó a toda la región, y que ha convertido a las universidades públicas latinoamericanas en un permanente territorio de disputa entre quienes nunca dejaron de añorar un modelo excluyente y elitista, y quienes sostenemos la necesidad de asegurar, junto al derecho a la educación superior, el compromiso con la construcción de sociedades igualitarias y justas.
En coincidencia con esa conmemoración, durante los días previos se celebró en la ciudad de Córdoba la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), que cada diez años organiza el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe (IESALC) de UNESCO. En el año 2008, la CRES había declarado que “la educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber del Estado“, enfatizando el “papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo de los países de la región“. Aquella enunciación de principios constituía una clara manifestación de la orientación anti-mercantil que en ese momento, y de la mano de gobiernos progresistas y democrático-populares, estaba ganando preeminencia en la política educativa y de producción de conocimientos a nivel regional. La afirmación de un “derecho personal y colectivo a la universidad” fue en estos años una bandera que distinguió las luchas por la educación en América Latina, y que legitimó la revisión crítica de las estructuras existentes en procura de una igualdad sustantiva, superadora de la vieja idea liberal de la igualdad abstracta de oportunidades que, conjugada con el discurso meritocrático, representa una justificación de la reproducción de la desigualdad en el ámbito educativo. En la primera década y media de este siglo, en países como Brasil, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Argentina, los sistemas públicos de educación superior recibieron una importante atención de parte de gobiernos que, atentos a la demanda del movimiento social, entendieron que generar condiciones para democratizar el conocimiento era imprescindible para promover un modelo productivo y social que permitiera superar la histórica dependencia económica y cultural de nuestra región. Las estrategias y condiciones fueron bastante diversas, pero, en términos generales, el incremento del financiamiento estatal para la educación superior pública, la creación de nuevas instituciones, el establecimiento de políticas de inclusión para estudiantes de bajos recursos y de otros sectores tradicionalmente excluidos de los estudios superiores, la promoción de acciones de vinculación de las universidades con el desarrollo de políticas públicas, el intento de generar redes de cooperación regional, fueron algunas de las marcas características de una etapa de revalorización política de la educación y el conocimiento como factores de democratización y emancipación social.
Por estos días, cuando el signo político de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos ha cambiado radicalmente, dando paso a administraciones que sólo representan el interés del capital financiero transnacional, la preocupación por el rumbo de la política educativa y científico-tecnológica es mayúscula y justificada. En el marco de un proceso sostenido y deliberado de desfinanciamiento de los sistemas educativos públicos, en el cual las organizaciones sindicales nos encontramos batallando contra la quita de derechos laborales, el recorte del presupuesto estatal, y la introducción del programa neoliberal de reformas para la educación y el Estado, la CRES 2018 se presentaba como un escenario complejo en el que parecía difícil evitar un retroceso en la concepción de la política educativa y universitaria.
Es así que CONADU, junto a la IEAL, convocó a un conjunto muy amplio de organizaciones, instituciones y referentes del mundo universitario para llevar a cabo el Encuentro Latinoamericano contra el Neoliberalismo, por una universidad democrática y popular. Múltiples foros de debate en las universidades de todo el país precedieron a este encuentro (en Buenos Aires, en las Universidades Nacionales de San Juan, de Tucumán, de La Plata, de Misiones, del Nordeste, de Río Cuarto, de las Artes, en varias universidades del Conurbano bonaerense, y también en la Universidad de la República de Uruguay), en el que cientos de estudiantes y docentes desbordaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Córdoba durante el día previo al inicio de la CRES, para analizar y debatir la situación actual de la universidad y la educación superior, con la decisión de llevar a la Conferencia una visión clara de lo que en esta etapa está en juego, ante la ofensiva de los agentes mercantilizadores, y para sumar una voz colectiva y organizada a la lucha popular por la democracia, la soberanía y la emancipación de los pueblos latinoamericanos.
La presencia de las y los estudiantes dio al Encuentro una fuerza descomunal: la fuerza del entusiasmo y la voluntad militante de una juventud que no está dispuesta a resignar su derecho a la educación, pero, sobre todo, su derecho a soñar y construir una sociedad más justa.
En esta jornada, estudiantes y docentes rescataron el sentido latinoamericanista y rebelde de la Reforma de 1918, y analizaron las condiciones necesarias para asegurar efectivamente el derecho a estudiar en la universidad, el carácter estratégico de la producción de conocimientos para el desarrollo soberano de las naciones latinoamericanas, la necesidad de formular alternativas a los dispositivos imperantes a nivel global en la organización y evaluación de la actividad académica, las dimensiones de la democratización universitaria, la demanda de igualdad de género, y los factores que promueven actualmente la privatización y mercantilización del sector, entre muchas otras cuestiones relevantes.
El cierre de la actividad no podía no ser una fiesta, en la que recordando el llamado del Che Guevara – “que la universidad se pinte de negro, de mulato, de trabajador, de pueblo“ – nos convocamos a unir la lucha universitaria con la movilización popular que hoy recorre las calles de Argentina y de América Latina, en defensa de la democracia, los derechos, el trabajo, la libertad y la justicia.
Finalmente, los ecos de esta inolvidable reunión parecen haber llegado a la CRES 2018, en cuyos debates participaron compañeras y compañeros que tuvieron una presencia fundamental en nuestro Encuentro: integrantes de CONADU de Argentina, PROIFES y CONTEE de Brasil, FAPROUASD de República Dominicana, FAUECH de Chile, ASPU de Colombia, y FENDUP de Perú, también académicas y académicos destacados, estudiantes, y autoridades de universidades públicas de varios países de la región. La Declaración de principios que allí se produjo reafirma el principio de la educación superior como un derecho fundamental que debe ser asegurado por los Estados. Pero, además, advierte explícitamente sobre el modo en que avanza en el mundo la pretensión de hacer de la educación superior un mercado lucrativo, en un contexto en el que el imperio del capital financiero aumenta la desigualdad social en todos los países, y profundiza al mismo tiempo la brecha entre el Norte y el Sur. La Declaración insta a los gobiernos a establecer regulaciones que protejan a la educación, y que prohíban su inclusión como bien transable en los tratados de libre comercio, así como a desarrollar políticas activas que garanticen la universalidad de una formación superior de calidad, con inclusión, diversidad y pertinencia local y regional. Este resultado es un gran logro para consolidar el movimiento que hoy, en Argentina y en toda América Latina, tiene por delante una dura batalla en defensa del derecho a la educación y al conocimiento. Sin dudas, permitirá fortalecer la alianza entre los sindicatos y las organizaciones estudiantiles, que es fundamental para la conformación de un frente amplio que no sólo pueda defender los derechos antes conquistados en el sector educativo, sino comprometerse activamente en la lucha por la democracia, actualmente amenazada por el autoritarismo que impone a nuestras sociedades el gobierno de las corporaciones económicas y del capital financiero internacional.
En 1918, el movimiento estudiantil escribía: “los dolores que quedan son las libertades que faltan“. En tiempos de oscuridad, la esperanza no nos abandona. Mientras la lucha por esas libertades siga movilizando y uniendo a la juventud, a trabajadoras y trabajadores, en América Latina y en todos los rincones de la tierra, otro mundo sigue siendo posible.