“A 100 años de la Reforma, el destino de la universidad latinoamericana está en disputa, porque el destino de Nuestra América está en disputa”, afirma el documento para el debate que acaba de ser presentado por el II Encuentro Latinoamericano contra el Neoliberalismo por una Universidad Democrática y Popular. La iniciativa, de la que participa IEC-CONADU, reúne a organizaciones docentes, no docentes y estudiantiles que coinciden en la defensa de la idea de la educación superior como un derecho universal.
El primer encuentro continental se realizó en junio, en Córdoba, justo antes de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) (IESALC-UNESCO), luego de una serie de foros preparatorios desarrollados en todo el país a lo largo del primer semestre. El segundo se realizará el 21 de noviembre en la sede de Bartolomé Mitre 1869 de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en el marco del foro “Políticas educativas y derecho a la educación: desafíos para las universidades públicas” de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLACSO.
Si bien en junio la denuncia de las políticas que favorecen la privatización y mercantilización de la educación permitió que la Declaración final de la CRES reafirmara la definición de que la educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal, y una responsabilidad de los Estados, para el documento del Encuentro la situación en América Latina y el Caribe “continúa agravándose”.
En ese sentido, se menciona el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, el asedio a los procesos progresistas y populares que aún resisten y la persecución judicial a algunos de los líderes de la región. “Una misma estrategia antidemocrática se extiende en toda América Latina –afirma el Encuentro–. Las oligarquías locales aliadas al capital financiero transnacional intentan recuperar definitivamente sus privilegios, destruyendo todos los espacios de autodeterminación soberana para entregar nuestras riquezas y convertir todo derecho en mercancía”.
Por eso, llama a que el movimiento universitario se asuma como parte del movimiento popular (“no hay reforma universitaria sin emancipación social, y no hay proceso emancipatorio sin protagonismo de las masas”) y a “articular en todos los planos una estrategia de resistencia y reconstrucción del programa democrático popular que se desarrolle a nivel regional: la reforma universitaria no puede no ser latinoamericana”. De la misma forma, ese proyecto exige reconocer “la potencia de masas de un feminismo popular que confronta decididamente con la alianza entre la modernización capitalista neoliberal y la restauración cultural conservadora”.
Por todo ello, el documento del Encuentro reafirma lo postulado en la primera convocatoria presentada en mayo pasado, y presenta un programa de diez puntos que podría resumirse en: 1) la universidad es un derecho del pueblo; 2) esto requiere políticas públicas que aseguren su realización; 3) las universidades son un factor estratégico para el desarrollo soberano, 4) la democratización del conocimiento supone revisar las formas imperantes de producción, distribución y apropiación de saberes; 5) el Estado es responsable de asegurar el derecho a la universidad fortaleciendo el sistema público; 6) se deben implementar políticas que impidan el avance de la privatización y la mercantilización; 7) se deben establecer bases para un proyecto universitario democrático y popular en toda la región; 8) hay que otorgar a la tarea docente el reconocimiento simbólico y material que corresponde; 9) la nueva reforma universitaria debe ser, además de democrática y popular, feminista y combatir en y desde las universidades la subordinación de las mujeres y las disidencias subalternizadas y 10) se debe asumir la lucha por la erradicación de toda forma de discriminación.