Detrás de las plataformas: Protegiendo los derechos de propiedad intelectual y libertad académica en la Educación Superior. Janja Komljenovic y Ben Williamson, abril de 2024
Este informe aborda un tema de absoluta actualidad y relevancia para el presente y el futuro de la educación superior: el impacto que trae a la vida académica la era digital. Para quienes formamos parte de alguna universidad, los campus virtuales, el entorno Google o Microsoft 365, los cursos abiertos masivos online, la preocupación por el uso de la inteligencia artificial, entre otros, forman parte de un paisaje cotidiano que nos atraviesa y que Janja y Ben tienen la virtud de ordenar. O, al menos, proponernos unas coordenadas para pensar los problemas y desafíos a los que nos enfrentamos.
La investigación toma como punto de partida que la educación superior (ES) enfrenta un paisaje complejo de servicios de tecnología digital, que está reformateando el trabajo y las condiciones laborales de los docentes. Por eso es imprescindible considerar cómo estas plataformas afectan la integridad del conocimiento, la creación y la distribución de la investigación académica. En particular, les preocupa cómo la creciente digitalización y «plataformización» de la ES está resultando en un ecosistema complejo y desordenado de factores técnicos, legales y financieros que tienen profundas implicancias sobre la libertad académica y la propiedad intelectual de lo que producimos en la universidad. Lo interesante es que el informe sale de la visión apocalíptica sobre el futuro del trabajo académico e intenta ser un llamado de atención sobre el presente y de acción hacia el futuro , aportando también una serie de recomendaciones que los distintos actores que integran la universidad pueden seguir para retomar control sobre las prácticas y decisiones que afectan su labor.
Para navegar en este mapa, Janja y Ben revisaron cuatro grupos de tecnologías que representan los usos comunes en las universidades (aprendizaje; evaluación; infraestructura e intercambio de contenidos) se sirvieron de los documentos que exponen las políticas de las plataformas –¡los términos y condiciones que todos aceptamos sin leer!– y entrevistaron a siete informantes clave del Norte y Sur globales. Aunque reconocen como una limitación del estudio la dificultad para encontrar información respecto a los países del “Sur Global”, importa la inclusión de expertos de Argentina y Uruguay, dos de los países con los sistemas públicos de ES más consolidados de la región y donde las consecuencias de estas transformaciones no son tan evidentes como en países que ya cuentan con sistemas de ES fuertemente mercantilizados y privatizados.
En el análisis, identificaron los riesgos y desafíos más importantes para el personal académico en tres áreas clave: el contenido académico, los datos de usuario y la libertad académica.
Respecto al primer punto, la discusión sobre la propiedad intelectual (PI) del contenido académico adquiere nuevos contornos en el contexto actual, gracias a nuevos desarrollos tecnológicos, la expansión de la oferta y demanda de cursos online y luego del impulso forzoso a la digitalización que supuso el confinamiento producido por la pandemia de Covid-19. ¿Cómo se gestiona la PI de las incontables clases grabadas, los materiales didácticos producidos, presentaciones, cuestionarios y demás etcéteras pedagógicos que los docentes vuelcan sobre plataformas cuyos acuerdos de licencia son con las universidades y no con ellos a título individual? ¿Esos materiales pertenecen a la institución, al docente, a la empresa que gestiona la plataforma? Las regulaciones varían entre instituciones y países, y aunque como norma general se reconoce que la propiedad pertenece al docente, su puesta a disposición en una plataforma vuelve difusa la titularidad, especialmente al querer retirar y reclamar el contenido, con la modificación de los términos de uso por parte de la universidad o la plataforma, o directamente por su venta como licencia para otras instituciones. Un aspecto a tener en cuenta en base a casos de universidades del “Norte Global” es que las instituciones tienden a variar sus regulaciones respecto a la PI según se trate de cursos presenciales o virtuales: mientras que en los primeros se reconoce la PI del docente, la tendencia en los segundos es que las universidades obtengan la licencia sobre los materiales didácticos –que, frente a la posibilidad de que sea la plataforma la que se adueñe de los contenidos, no parece ser la opción más mala–, los que fácilmente se convierten en activos monetizables, muy tentadores para instituciones sometidas a procesos de desfinanciamiento. Estas diferencias en las prácticas presenciales y virtuales se observan también respecto a las prohibiciones sobre el copy-paste, plagio o infracción de derechos de PI. Los códigos de ética o estatutos de las universidades tienden a ser reemplazados por los términos de uso de las plataformas que, si bien sancionan tales prácticas, suponen una delegación de autoridad no deseada, ni discutida democráticamente por los miembros de la comunidad universitaria, respecto a las políticas que rigen las conductas de estudiantes y docentes.
La segunda tendencia refiere al núcleo que sustenta la economía de plataformas, un marco más amplio de comprensión sobre las transformaciones de la economía capitalista ausente en el informe, pero en el que bien podría inscribirse. Las plataformas son infraestructuras digitales que se basan en la extracción y el control de una gran cantidad de datos que obtienen de la interacción de los usuarios, que sucede en la misma plataforma. Los datos son tratados como materia prima y el procesamiento de datos es hoy central en todos los sectores de la economía. Si pensamos que, como se dice en el informe, la ES tiene una proyección a 2030 de 400 millones de estudiantes, el control sobre lo que se produce y cómo se produce en un proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en un negocio formidable para las plataformas educativas. Los datos sobre actividad permiten a las plataformas desarrollar nuevas utilidades y productos y se recopilan sin que los usuarios puedan ser conscientes del uso actual o futuro que se hará de los mismos, lo que tiene consecuencias tanto económicas como pedagógicas. Por el lado de las instituciones, los datos de uso pueden ser utilizados para lograr un control más estricto sobre la actividad del personal docente —de modo similar a cómo las apps de reparto vigilan a los repartidores— y se vincula estrechamente con el último punto, la libertad académica.
Raramente los docentes participan del proceso institucional de contratación de una plataforma; sin embargo, deben luego amoldar sus contenidos, estrategias pedagógicas y evaluaciones a los formatos disponibles, viendo su autonomía y la posibilidad de rechazar el uso seriamente limitada. Esto pone en cuestión a la libertad académica, ya que ¿cómo sería posible ejercerla si se pierde el control sobre lo que se produce y cómo se produce? Por otro lado, docentes precarizados están dispuestos a descargar carga de labor en paquetes estandarizados de secuencias pedagógicas y contenidos y, a su vez, las plataformas disponen la subcontratación de cursos completamente estructurados que resultan más baratos que un salario docente, y, últimamente, autogenerados a través de la integración de Inteligencia Artificial.
En síntesis, es recomendable leer este informe resituándolo en nuestro horizonte latinoamericano en el que estamos habituados a discutir y pensar la producción académica no sólo en términos de propiedad sino también en términos de derecho a la ES, a partir del potencial democrático, transformador, de desarrollo y justicia social que le atribuimos a la producción pública de conocimiento. Ese potencial se ve amenazado por la “plataformización” de la ES, que en nuestros países representa también una nueva forma de dependencia académica. Sin embargo, como Janja y Ben recomiendan, podemos hacer algunas cosas para cambiar el rumbo, por lo que el informe resulta ser, fundamentalmente, un llamado a la acción colectiva a partir del debate y la acción gremial para la defensa de la libertad académica y de los derechos laborales en el sector académico. Las decisiones que tomemos hoy, o que otros tomen por nosotros, definirán el futuro de nuestras universidades y el acceso a conocimiento crítico para las futuras generaciones.
PS: el resumen ejecutivo de este informe está disponible en español, pero el informe completo sólo está disponible en inglés. Ahora bien, si uno husmea un poco en la web, se encontrará con alguna buena IA que hará el favor de traducirnos el texto sin cobrarnos dinero, solamente alimentándose de los datos que dejamos al usarla…
N. de la Ed.: Se accede al informe desde https://www.ei-ie.org/es/item/28484:detras-de-las-plataformas-protegiendo-los-derechos-de-propiedad-intelectual-y-libertad-academica-en-la-educacion-superior