En las últimas décadas, la Universidad Nacional de La Plata generó un espacio de vinculación con diferentes sectores de esa región de la provincia de Buenos Aires, destinado a discutir necesidades comunitarias y generar proyectos para intervenir en el territorio: el Consejo Social. Para conocer su historia, los debates en torno al mismo y su proyección actual, entrevistamos a Inés Iglesias, su directora general.
¿Cuál es el origen del Consejo social de la UNLP?
El Consejo nació de la mano del desarrollo de la extensión desde 2001 en adelante hasta la reforma del Estatuto, en donde nosotros entendemos que recuperamos esto que los uruguayos llaman extensión crítica como manera de pensar a la universidad en diálogo con la comunidad, que era algo que existía muy fuertemente desarrollado en los años 60, en los años 70 y que fue arrasado por la dictadura cuando convierte todo en extensión cultural.
Llevó muchos años, después de la vuelta de la democracia, salir de esa encerrona, separarse de lo que eran los servicios a terceros –la manera de autofinanciarse de la universidad– para volver a poner en debate qué tenía que ser la universidad con los otros, con aquellos que no entraban a sus aulas o que no solamente necesitaban de sus aulas para resolver su vida cotidiana. En el marco de la crisis de 2001-2002, con todos los equipos —muy voluntariosamente y desordenadamente— volcándose a tratar desde su disciplina a aportar algún tema de la crisis social, se fue construyendo de nuevo la noción de que el conocimiento que se produce en la universidad tiene que estar puesto al servicio de la resolución de los problemas de la comunidad.
En ese andar, lo primero que los equipos encontraron fue la necesidad de la interdisciplina, o sea, la complejidad era mucho mayor que lo que la disciplina de cada cual podía resolver, entonces se salió a buscar ese encuentro con otras y con otros de la academia para que aportaran, complementariamente, conocimientos a ese problema que un grupo estaba abordando. Fue el primer paso que yo identifico en esos años que siguieron a esta explosión de la extensión, que tuvo lugar en la mayor parte de la universidad, por lo menos en La Plata, por lo que he leído en muchas otras universidades recorrieron algo similar. Luego apareció, con mayor dificultad (porque a veces los universitarios en nuestra torre de marfil tenemos algunos inconvenientes para leer las coyunturas) la necesidad de sumar a esa mesa a los otros actores, no solamente a las otras disciplinas, sino que la comunidad tiene que estar sentada priorizando, problematizando y definiendo qué es lo mejor, dentro de las posibilidades, para llevar adelante un proyecto en ese territorio. En la reforma del Estatuto de la UNLP, en 2008, se volcó bastante de la conceptualización que se hizo y el siguiente paso, traído por ADULP a la discusión, fue plantear la posibilidad de incorporar un consejo social. Reformar el Estatuto fue muy intrincado y no se llegó a tratar en esa Asamblea Universitaria, pero quedó pendiente y en 2009 se retomó el proyecto desde la Secretaría de Extensión.
¿Por qué se convocó desde la Secretaría de Extensión?
Por todo el proceso previo, era razonable para todos los que formábamos parte de la elaboración del proyecto que el Consejo naciera de la mano de la Extensión, pero también sabíamos que, si la propuesta salía bien, muy probablemente iba a despegar de la Extensión y se iba a empezar a vincular al resto de las áreas de la universidad que, a priori, no parecían tan vinculadas con lo comunitario, con las necesidades sociales y, sin embargo, sabíamos que las íbamos a necesitar. A lo largo de esos años, las primeras agendas surgieron de lo que veníamos trabajando en Extensión y también de temas que fueron trayendo las organizaciones que no tenían ningún desarrollo en la universidad y que eran incómodos para la universidad, por ejemplo, el acceso a la tierra. Es una cuestión que implica muchísima interdisciplina, por lo cual al interior de cada facultad no había un desarrollo completo del tema, pero era una demanda muy concreta: “Nosotros somos los que protagonizamos la ocupación y la toma y no queremos acceder a la tierra por esa vía. Queremos que nos hagan una propuesta que esté al alcance de las familias de los barrios populares.”
Las organizaciones trajeron el debate sobre la economía social y solidaria, que la universidad en varios de sus nichos armaba y favorecía, pero dijeron que no estábamos contemplando la economía popular. A partir del laburo del Consejo, la universidad empezó a revisar ese planteo y hoy la economía popular, social y solidaria está bastante incorporada en distintos dispositivos y debates; hubo un lugar para que lo que traían las organizaciones permeara en la academia. Eso es parte de un avance importante con relación a cómo empezar a poner a la universidad en diálogo con lo que pasa en los territorios y lo que realmente necesitan. En ese marco, en 2021 empezamos una mesa técnica con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y con el CONICET La Plata para ver cómo armar un centro de innovación y desarrollo orientado a la economía popular, social y solidaria; cómo hacer para que la ciencia y la tecnología de la universidad, del CONICET y de la CIC dialoguen con las unidades productivas que nacieron al calor de programas sociales como el Potenciar Trabajo, por ejemplo, pero que se vinculan con la dinámica propia de las comunidades de los barrios populares, que hoy más que nunca necesitan de ese acompañamiento porque han bajado y congelado programas, entonces las unidades productivas son apenas de subsistencia.
Entendemos que se podrían desarrollar productos, tanto para los barrios populares como para el mercado en general y además existe la posibilidad dentro de la universidad y los organismos de ciencia y tecnología de estudiar las cadenas de valor y ver qué productos, de los que están comprando las empresas de la región en otras regiones del país, podrían ser producidos localmente. No intentamos que alguien que está trabajando en el reciclado se ponga a sintetizar aminoácidos, lo que queremos es que se incorpore a una producción de aislantes o de madera plástica que permita fabricar un mueble resistente a las inundaciones. Todo eso tracciona desde el Consejo a las áreas de ciencia y tecnología, que normalmente están mirando los papers y las revistas internacionales, pero que están dispuestas a sumar algo que ayude, que proponga, que articule con este sector. Para mí, esa es una de las cosas más notables en términos de cómo un dispositivo como el Consejo, a lo largo de los años y de validarse también ante la universidad, ante la academia, va modificando las agendas y las va anudando con las necesidades de la vida cotidiana.
¿Cómo fue el proceso de incorporación, de sumar a equipos que por ahí no venían de la extensión? ¿Hubo convocatorias?
Tuvimos convocatorias propias, como los PITAP, los Proyectos de Innovación y Transferencia en Áreas Prioritarias. Manejamos las convocatorias en 2011 y en 2013, e hicimos los primeros pasos. En 2011 la principal respuesta fue de equipos de extensión que le daban una vuelta a lo que venían haciendo. En 2013 armamos proyectos nosotros, con la agenda comunitaria como eje, pidiéndole a los equipos que se sumaran: es decir, no que cada uno presentara lo que tenía ganas de hacer, sino que construyeran en conjunto una propuesta en producción de hábitat sustentable y gestión social de residuos sólidos urbanos. Surgieron cosas muy buenas, porque los equipos que se integraron veían que el trabajo interdisciplinario era mucho mejor que en otras experiencias, pero también nos encontrábamos con que le estábamos pidiendo a esos equipos, que tenían un compromiso particular, que se sumaran a algo que después no iban a poder poner en el currículum, porque no entraba en ningún casillero y eso es parte del problema que hemos padecido a lo largo de todos estos años.
Nosotros siempre decimos que aprendimos la interdisciplina en la práctica, entendimos que la integralidad de las prácticas universitarias es nuestra deuda, porque la universidad vive fragmentada y cuando la comunidad trae un problema se necesita al conjunto de la institución, a todas las facultades, a todas las áreas, y en general hay tabicamientos, y distintos procedimientos según se trate de docencia, de extensión, de investigación o de transferencia que hacen que esto, más general, más integral que nosotros proponemos no encaje en ninguna.
El sistema de evaluación te condiciona…
Me pasa a mí como directora del Consejo Social, tratar de meter lo que yo hago en el SIGEVA es una tarea imposible. No hay manera de volcar lo que implica gestionar un ámbito tan complejo y las distintas líneas que van surgiendo en algo tan estructurado, que además está organizado desde el punto de vista de la investigación; entonces tenés que tener el año, tenés que tener el período de duración, tenés que tener un montón de cosas que decís, ¿y esto cómo lo pongo?
Claro, ¿dónde se publicó?
Yo igual me dedico a la gestión, pero la gente que se compromete con la agenda del Consejo y quiere venir a colaborar, se termina perjudicando en términos de currículum si nosotros no encontramos la manera de validar la importancia de que la universidad esté pensando fuera de la caja, de que esté pensando algunas cuestiones fuera de sus fronteras internas.
En ese sentido, pudimos avanzar, con mucha dificultad, con las diplomaturas. Surgieron como una propuesta del Consejo Social a partir de que en 2014 había una demanda importante de mayor formación por parte de las organizaciones, una formación orientada a la población de los barrios populares que ya tenía la Escuela de Oficios como una referencia pero que quería dar un pasito más; o que se encontraba con que había roles comunitarios que cumplían compañeras y compañeros que necesitaban reconocimiento y fortalecimiento pero que no encajaban en una única disciplina. Empezamos a conversar qué alternativas había, exploramos un montón la posibilidad de las tecnicaturas (inclusive trabajamos alguna propuesta de tecnicatura en conjunto con el gremio nodocente y la Facultad de Ingeniería) pero nos dábamos cuenta de que para ese sector que había estado tan marginado durante tanto tiempo y que en principio tenía garantizada la primaria pero muchas veces no había finalizado la secundaria el escalón de ingreso a una facultad era muy complejo y la verdad es que el transitar las aulas de la universidad tampoco es sencillo. Hay cierta cuestión casi darwinista de la supervivencia del más apto en nuestras aulas que no hemos logrado desarmar todavía, más allá de que hay mucha preocupación. La Especialización en Docencia Universitaria es espectacular en esto de problematizar cómo enseñamos en la universidad, pero el acompañamiento de las trayectorias sigue siendo problemático.
Hay un espacio muy pronunciado entre poder terminar el secundario y poder pensar en avanzar en una carrera universitaria…
Si bien en nuestra universidad no había prácticamente desarrollo, en muchas otras, la figura de diplomatura era de posgrado. Pero había universidades del Conurbano que habían usado las diplomaturas como instrumento de formación de los sectores populares. A fines del 2015 decidimos que había que ir por esa vía. En 2016, el presidente de la UNLP (Fernando Tauber) le encargó a la Secretaría Académica de la Universidad que armara una ordenanza que regulara la creación de las diplomaturas. Trabajamos en esa ordenanza con Secretaría Académica, con la Vicepresidencia Académica (era Ana Barletta) y con Políticas Sociales desde el Consejo. Le sacamos el nombre de Diplomatura de Extensión, porque queríamos que fueran trayectos formativos, orientado a otro público, pero si son trayectos formativos de la universidad ¿por qué tiene que decir Extensión? Fue una larga discusión, pero finalmente lo conseguimos y se aprobó la posibilidad de que esos trayectos fueran presentados por las facultades pero también por la Presidencia. Entonces, avanzamos desde el Consejo en armar diplomaturas que tenían que ver con las agendas que veníamos trabajando.
Tenemos una de Producción de Hábitat y Gestión Integral del Territorio; otra de Promoción de Derechos de la Infancia y Juventudes; de Promoción y Gestión de la Economía Popular, Social y Solidaria; de Promoción Comunitaria en Educación Popular; de Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria; de Promoción de la Seguridad Humana de los Habitantes para el Desarrollo Comunitario Sustentable. Fueron surgiendo en distintos momentos propuestas para fortalecer roles que las compañeras y los compañeros cumplen en sus comunidades y, además, certificarlos individualmente. Entonces están las dos cuestiones, lo individual y lo colectivo. La diplomatura no le garantiza mejor empleabilidad, pero sí le da un respaldo a la tarea que ya viene llevando adelante, que son normalmente tareas de cuidado, de acompañamiento y también, de gestión. Lo vimos con el hábitat. La producción de hábitat en los barrios populares está protagonizada por las comunidades que gestionan, que se mueven, que reclaman. Para eso está bueno formar recursos humanos que sepan los distintos caminos y las distintas aristas de esto. De la misma manera que la salud comunitaria: no son compañeras y compañeros que vayan a hacer atención, sino que hacen prevención, acompañan a las familias, conocen el barrio, le dan a la política pública un instrumento fundamental.
Logramos incorporar equipos docentes de todas las facultades que tienen interés y que son pertinentes a la elaboración de las propuestas y al dictado. En el marco de las diplomaturas, se encuentran y trabajan interdisciplinariamente e interactoralmente y lo que hemos sumado ahora, porque funcionó muy bien en la pandemia con la diplomatura de Salud, es la cursada en aulas barriales. Sostenemos aulas que tienen tutoras y tutores a cargo del grupo de estudiantes y se reúnen semanalmente, y equipos docentes que trabajan los contenidos con esas tutoras y tutores para que después lo puedan llevar al aula. En otras épocas (antes de que el transporte se volviera tan caro) hacíamos algunas clases taller centralizadas con todas las aulas juntas acá y después seguían trabajando en cada lugar. Ahora trasladarse desde el barrio es cada vez más difícil, así que reforzamos mucho la presencia ahí, que hace que se pueda sostener la cursada a lo largo de los meses.
¿Y qué devolución tienen, qué impacto ven que generan estas diplomaturas en los distintos barrios de La Plata?
Les lleva la universidad a la puerta de su casa, con una propuesta de formación que le abre la cabeza a los equipos docentes y a los propios estudiantes y que además les permite pensar si quieren seguir adentro de la universidad. Y a nosotros, nos permite pensar si es posible que exista en la universidad una línea de trayectos formativos que no nazcan por gemación de carreras o de procesos de investigación, sino que nazcan desde abajo hacia arriba, como una demanda de la comunidad, que se formen en la diplomatura y que después puedan hacer una tecnicatura, y que esa tecnicatura les reconozca parte de los trayectos dentro de lo que ya cursaron en el barrio.
Se abre una nueva línea con mucha dificultad, no por nada esta es una universidad centenaria. La dinámica de cómo se construyen carreras o de cómo se generan los proyectos de investigación está muy instalada, y sin embargo empieza a haber cada vez más voluntad de empezar a estudiar estos procesos, para los cuales hay que generar nuevos caminos. Hay voluntad de hacerlo, que es lo más importante. La comunidad irrumpe con una demanda, en el marco del Consejo se elabora y se propone una manera, que va ganando terreno al interior de la propia universidad y le va cambiando la fisonomía. Hay facultades que han generado áreas específicas pensando propuestas de diplomaturas, como una manera de reconocer la importancia de un sector que podría estar ingresando a la universidad, pero que está quedando por fuera de la oferta tradicional. La existencia del Consejo, con tanta presencia de las organizaciones discutiendo a la mesa de la universidad, hace que muchas de esas cuestiones se revisen en la clave de lo comunitario y no solo de las trayectorias individuales.
Quería volver a lo que vos mencionaste al principio de pensar la extensión desde una tradición que no era la que nos encontramos en la universidad de los noventa, la cultura de los servicios a terceros. En esa necesidad de barajar y dar de nuevo que trajo el 2001, ¿qué experiencias y voces habían quedado, de qué manera los interpeló aquel pasado?
Tardó bastante, primero fue hacer y después aprender del hacer. Eso me parece que es algo bastante descriptivo de la extensión en general, en los últimos años hemos elaborado el recorrido y problematizado qué era lo que estábamos haciendo y por qué esa extensión que explota después de la crisis, los equipos que se vuelcan voluntariosamente a trabajar en los territorios, es una extensión de tipo más solidario, de emergencia, y la emergencia va dando paso a algunas prácticas que se institucionalizan.
La primera elaboración gruesa que se da respecto de qué era eso que veníamos haciendo, se da cuando se discute qué se va a poner en el Estatuto. Sé que esas cuestiones dependen de cómo cada uno las transitó, pero en mi recorrido ese fue un momento de mucha sistematización, que tenía que ver con gente que había militado en los 80, que venía de trayectorias previas a la dictadura y traía debates. Era un momento en el que, como comunidad universitaria, estábamos en condiciones de internalizarlos, porque tratábamos de dar esos mismos debates en los 90, cuando el menemismo decía: “Hay que arancelar para devolverle a la sociedad lo que está invirtiendo en la universidad”. Y desde el movimiento estudiantil decíamos: “No, para devolverle a la sociedad hay que poner el conocimiento de la universidad al servicio de la comunidad”. No arancelar, porque eso no resuelve nada. Ahora, era una discusión de sectores muy acotados, en la que graduados y docentes que habían estado antes de la dictadura o que trataban de sostener propuestas de extensión distintas de la extensión cultural, estaban en un rol muy marginal en esos momentos. Recuerdo que en mi facultad había grupos, muy bien intencionados, que querían vender agua destilada para tener recursos propios para afrontar los trabajos prácticos en los laboratorios.
Lo primero en aparecer fue este aspecto más voluntarioso, más solidario y después nos empezamos a nutrir de otras elaboraciones, como las de la Udelar: Rodríguez, Tommasino y Cano Menoni que establecen el concepto de extensión crítica vinculado con Freire y todas las discusiones sobre el diálogo de saberes y la construcción horizontal. Era lo que estábamos empezando a hacer nuevamente en las universidades, bajarnos de la torre de marfil y entender que no había un conocimiento superior o un vacío que los universitarios veníamos a llenar con nuestro saber. Bueno, todo eso lo tuvimos que reaprender, porque la dictadura había sido muy eficiente en arrasar con esos procesos.