Un informe elaborado por el IEC y presentado el 4 de noviembre ante el 41° Congreso Ordinario de CONADU analiza el Proyecto de Ley de Presupuesto en el que el Gobierno nacional presenta sus previsiones de gastos para 2025. Allí, queda claro que, pese a que supone que el Producto Bruto Interno crecerá un 5%, la gestión de Javier Milei no tiene intención de revertir la desfinanciación de la educación superior pública sino, al contrario, pretende continuar ajustándola, en particular en los rubros de salarios y becas.
En términos generales, esto se percibe en que el incremento nominal del presupuesto ni siquiera acompaña a la inflación prevista para el año que viene en la propuesta: mientras que el Ejecutivo sostiene que habrá una inflación del 28,2%, mientras que para las universidades se prevé un aumento en pesos del 26,9%. Otro parámetro comparativo podría ser el contraste con las necesidades financieras calculadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Mientras que este organismo considera que son necesarios 7,2 billones de pesos y el gobierno prevé transferir apenas un poco más de la mitad, 3,8 billones.
Como el propio Presidente anticipó en su discurso en el congreso en el que, un mes atrás, presentó el proyecto, la prioridad del gasto estatal será el año que viene la deuda pública, relegando cualquier otro objetivo frente a la atención de esos acreedores. Para eso se propone como objetivo inicial lograr a cualquier costo el equilibrio o el superávit fiscal, previendo un ajuste del gasto público real (en relación a la inflación prevista) de un 3% con respecto al ya ajustado 2024. Si se lo compara con 2023, el Estado gastará un 21,3% menos que ese año. En la función Educación y Cultura, la caída es aún más grave: el Gobierno prevé reducir en más de un tercio (-38,7% en términos reales) los recursos girados en 2023.
Por este motivo, la incidencia del presupuesto de Educación y Cultura en el PBI alcanzará en 2025 un nuevo récord negativo, pasando de 0,91% a 0,88%, mientras que el de Ciencia y Tecnología quedará congelado en el ya insignificante 0,22%.
En el rubro Universidades en particular, el presupuesto prevé que las transferencias lleguen a 0,51% del PBI, el nivel más bajo de los últimos años, incluso por debajo del que se prevé alcanzar este mismo año 2024 (0,53%), reducción a la que se suma además el presupuesto que llegaba a las universidades nacionales desde otros organismos distintos la actual Subsecretaría de Políticas Universitarias.
En el análisis de la composición del presupuesto previsto para la SPU, el informe destaca que se prevé un incremento de la porción que se dirige a gastos de funcionamiento, inversión en hospitales universitarios y otros programas, mientras que se reducirá la parte destinada a los salarios, lo que demuestra que el ajuste se concentrará principalmente en los ingresos de lxs docentes.
Esto profundiza la línea exhibida por el gobierno desde que asumió en diciembre de 2023, momento desde el cual lxs docentes han perdido aproximadamente un cuarto de su poder de compra, pérdida que está por encima de la que sufrió el resto de la clase trabajadora.
El otro rubro que recibirá un golpe sustantivo son los fondos para becas, que aparecen congelados a los mismos valores de 2024, con lo cual se reducirán casi un 64% en términos reales con respecto a 2023. Respecto a los programas de desarrollo universitario, si bien se anuncia para 2025 una inversión de 200 mil millones de pesos (el 5% del presupuesto de la Secretaria de Políticas Universitarias), hay muchas dudas respecto a cuál será el destino final de esos recursos, dado que en lo que va de 2024 apenas se ejecutó el 9.6% de los fondos disponibles para estos programas.
Se puede consultar y descargar el informe completo desde aquí: