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    Los artículos universitarios de la «Ley Ómnibus» atentan contra el derecho a la educación superior

    El proyecto enviado por el Ejecutivo contiene cuatro artículos dedicados a las universidades. En un documento comparativo, el IEC-CONADU hace una evaluación de los cambios que supone en relación a la normativa actual, en especial, la Ley Puiggros.
    enero 10, 2024Tiempo de lectura: 2 minutos Derecho a la educación superior Educación Superior en la Argentina Noticias Presupuesto y financiamiento Privatización y mercantilización de la educación y el conocimiento
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    Luego de analizar los artículos dedicados a la universidad que contiene el proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” (conocido como Ley Ómnibus), el IEC-CONADU advierte que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, que comenzó su tratamiento en comisiones, busca “reformar o suprimir los cambios que fueron incorporados en el año 2015 cuando se sancionó la Ley 27.204, por iniciativa de la entonces diputada nacional Adriana Puiggros, cuyo propósito fue asegurar la implementación efectiva de la responsabilidad del Estado como garante del derecho a la educación superior”.

    En un documento que lleva el título “Primeras observaciones a la sección Universidades del proyecto de Ley Ómnibus”, además de rechazar el carácter fundacionalista del proyecto y denunciar su inconstitucionalidad, el IEC analiza los artículos 553, 554, 555 y 556 del texto. Ellos permiten avizorar la orientación privatista y mercantilista de la pretendida normativa.

    Entre otros puntos, en el proyecto se limita la gratuidad (excluyendo a personas extranjeras), se alude a “servicios de enseñanza de grado” (lo que supone la sustitución del concepto de “derecho”), se suprime la posibilidad de ingresar a los estudios superiores a mayores de 25 años sin secundaria cumplida, se dispone el establecimiento obligatorio de exámenes de ingreso (lo que puede segmentar el sistema en relación a los procesos de nivelación y orientación), modifica los procesos de evaluación y los criterios de asignación de recursos del Estado nacional (en este caso, son un cariz eficientista y un alto grado de ambigüedad).

    Compartimos aquí para su lectura y descarga el trabajo completo:

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