Decenas de organizaciones y personalidades de todo el mundo, entre las que se encuentra la Internacional de la Educación (que integra CONADU), presentaron a comienzos de abril una carta a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) reclamando que tome un papel activo para que los Estados miembro avancen en flexibilidades y excepciones a las regulaciones que restringen el acceso a producciones culturales y limitan las posibilidades de compartir y reproducir materiales para usos educativos y de investigación. Para que, como resume el texto, “los regímenes de propiedad intelectual sean un apoyo y no un obstáculo en los esfuerzos para enfrentar el brote de Coronavirus y sus consecuencias”.
“Les instamos a usar su liderazgo en el sistema global de propiedad intelectual –señalan– para tomar acciones urgentes que guíen a los Estados miembro y a otros en su respuesta a las cuestiones sobre propiedad intelectual que están siendo planteadas por el coronavirus”. Entre los ejemplos que ofrecen, señalan que fueron las excepciones a la protección de la propiedad intelectual las que permitieron detectar por primera vez que se estaba configurando una pandemia global y las que habilitan buscar una solución.
“Los investigadores descubrieron la propagación del virus a través de un proyecto de análisis de textos y datos sobre artículos sujetos a derechos de autor, permitido por el derecho flexible y equitativo de Canadá para usos con fines de investigación. Los primeros potenciales tratamientos fueron desarrollados mediante medicinas existentes, habilitadas por excepciones a los derechos de patentes para usos experimentales”, advierten.
Las excepciones (es decir, aquellos usos legales de bienes protegidos sin pagar por ello), en aquellos países que lo permiten, han sido también fundamentales para que “escuelas, universidades, bibliotecas, archivos, museos e institutos de investigación de todo el mundo” continuaran garantizando el acceso a la educación y la cultura.
Por eso, los firmantes le piden a la OMPI, un organismo del “sistema ONU”, que tome medidas al respecto en cuatro puntos: 1) animar a los estados a que autoricen el uso de trabajos de propiedad intelectual protegidos; 2) solicitar a los propios titulares de derechos la remoción de las restricciones; 3) apoyar el pedido de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud de crear un fondo mundial de derechos sobre tecnología e información relacionada con el COVID-19 y de tomar otras medidas para eliminar las barreras a la producción mundial competitiva, distribución y venta de productos potencialmente efectivos para detectar, prevenir y tratarlo; y 4) apoyar el derecho de los países a reglamentar y utilizar excepciones al secreto empresarial y otros derechos de propiedad intelectual.
Se puede leer la versión en castellano de la carta aquí. En nuestra sección “Privatización y mercantilización de la educación y el conocimiento” se encuentra más información sobre estos temas.