Luego de varios meses en que siguió de manera detallada la evolución del presupuesto universitario, el IEC-CONADU presentó en enero su análisis sobre todo el año 2018, en un informe que demuestra cómo el ajuste de la Alianza Cambiemos desmanteló el financiamiento de las universidades públicas. Como se advierte en el documento, durante ese año las transferencias a las universidades crecieron nominalmente un 22,4%, lo que –frente a una inflación que 47,6%– representa un desfasaje de más de 25 puntos, ajuste que a su vez se agrava con el hecho de que sucede a dos años (2016 y 2017) en los que los fondos también fueron menguados.
Pero los números se hacen aún más drásticos si se pasa del análisis de las transferencias para gastos corrientes hacia las inversiones de capital, es decir, la infraestructura y el equipamiento. Ellas sufrieron un recorte nominal del 67%, que, por si fuera poco, fue subejecutado: solo se devengó un 45% del crédito final. (Incluso, también se registró una subejecución del 5,6% en las transferencias de la Secretaría de Políticas Universitarias, lo cual significa que no se le pagaron a las universidades nada menos que 6.200 millones de pesos que ya se les habían asignado.)
También fueron recortados –como viene ocurriendo desde 2016– los fondos que llegan a las casas de estudio desde otros organismos estatales. Hasta 2016, las universidades públicas, como organismos de consultoría privilegiados del Estado nacional, recibían fondos a través de distintos servicios que le prestaban a aquel. Este ajuste real (un crecimiento nominal del 27,9% frente a una inflación de casi el 48%) revela que el macrismo cada vez más dirige esos fondos empresas privadas.
La línea de ajustes alcanza a todas las áreas vinculadas con la educación superior (como becas, fondos de investigación u hospitales universitarios, por ejemplo), lo que demuestra el carácter homogéneo del ataque al sistema por parte de la política neoliberal.
El informe completo se puede ver y descargar desde aquí: