En medio de un paro estudiantil que lleva ya más de 40 días, decenas de miles de colombianos, encabezados por profesores y estudiantes, se movilizaron el 15 de noviembre en reclamo de mayor presupuesto para la universidad pública y en rechazo a la creciente privatización de la educación superior en el país. La convocatoria, encabezada por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) y la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES), entre otras organizaciones, logró torcer la negativa del gobierno de Iván Duque de retomar la mesa de negociación. Las partes se volvieron a sentarse el lunes 19, cuando los representantes gremiales fueron recibidos por la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y un delegado de la cartera de Hacienda.
El conflicto, que fue creciendo a lo largo de la segunda mitad del año, recibió una amplia solidaridad internacional, que incluyó la de la Internacional de la Educación para América Latina, la delegación continental de la organización que reúne a sindicatos del sector de todo el mundo. Con la firma de Carlos De Feo (secretario general de CONADU y coordinador de Educación Superior de la IEAL), manifestó su preocupación por la situación de las universidades colombianas por “la asfixia financiera impuesta por el Estado, que pone en juego el modelo de financiamiento de la educación superior y destruye el derecho a la educación”.
La IEAL se pronunció por la gratuidad de los estudios universitarios y la necesidad de que el Estado garantice el ejercicio del derecho a la educación a través de políticas públicas activas. “Finalmente –afirma el comunicado–, celebramos la reapertura de la mesa de diálogo por parte del Ministerio de Educación, y expresamos que esta Coordinación continuará alerta y en continua comunicación con nuestros compañeres colombianos”.
A pesar de la existencia de hechos represivos, de una constante estigmatización por parte de la prensa y las autoridades y de un acuerdo de los rectores con el Gobierno que desconoció los reclamos generalizados, la sociedad colombiana mostró un creciente apoyo a la protesta, que tiene como eje principal el aumento del presupuesto.
Desde principios de los 90, las asignaciones para las universidades públicas aumentan de acuerdo a la muy baja inflación que tiene el país. Sin embargo, desde entonces la matrícula se cuadriplicó, lo que en términos reales tuvo como resultado una aguda desfinanciación del sector público.
Además de aumento presupuestario, docentes y estudiantes reclaman un aumento en la inversión en ciencia y técnica, el pago de la deuda histórica del Estado con las universidades, la derogación de leyes que restan autonomía administrativa a las casas de estudio y una refinanciación de las deudas de ICETEX, el organismo público que otorga préstamos para que los jóvenes colombianos puedan costear sus estudios.
