Análisis político de la ejecución del presupuesto universitario en el primer semestre de 2016
El informe señala el virtual desmantelamiento de los Programas de Desarrollo de la Universidad Pública: estando en junio sólo se ejecutó un 0, 007%. Esto afecta el fomento en la formación en áreas clave, como Ingeniería, Arquitectura y Humanidades. También están congeladas las políticas de inclusión universitarias, afectando a unos 150 mil estudiantes de todo el país. Para discutir la cuestión salarial y también estos temas, la CONADU junto a CTERA van a un PARO NACIONAL EDUCATIVO el próximo 24 de agosto.
Sigue el ajuste en las Universidades Nacionales. Así lo demuestra el Segundo Informe sobre Presupuesto Universitario, preparado por la CONADU a través de su Instituto de Estudios y Capacitación (IEC). El informe continúa con lo señalado en el Primer Informe de mayo, que mostraba la sub-ejecución presupuestaria. Este Segundo Informe avanza en un análisis político y cualitativo de la ejecución del presupuesto universitario en el primer semestre de 2016. Entre otros puntos se destaca un desfinanciamiento selectivo en las universidades públicas a través de la virtual paralización de los programas de Desarrollo Universitario.
Los datos actualizados al 31 de julio señalan un nivel de ejecución presupuestario normal debido, fundamentalmente, a la transferencia de fondos para el pago de salarios y de gastos corrientes –que representan aproximadamente el 90% del presupuesto–. Sin embargo, hilando fino se advierte que el alto incremento en los costos de servicios provocó la sub-ejecución de las transferencias correspondientes a programas y proyectos de desarrollo fundamentales para asegurar el derecho a la educación superior y para sustentar actividades que constituyen a la universidad como un bien social a través de su capacidad de producir conocimiento y democratizar su apropiación.
Así, de los $27.113,8 millones invertidos durante el semestre por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación en la función educación y cultura, solamente $1,9 millón fue destinado a los programas de Desarrollo Universitario.
En otras palabras, solo el 0,007% de las erogaciones realizadas se destinó a mejorar carreras de Humanidades, de Ingeniería, de Medicina y de Informática, entre otras; a sostener el programa de Voluntariado –que vincula la actividad universitaria con el territorio–; los variados programas de inclusión y de desarrollo de señales audiovisuales universitarias, y los programas orientados a mejorar las condiciones del ejercicio del trabajo docente –unificación de cargos y finalización de tesis de posgrado–.
Según el informe: “En la sub-ejecución de las partidas previstas en el año 2015 para el desarrollo de la actividad universitaria en el período 2016, encontramos indicios preocupantes y significativos. La sub-ejecución se concentra principalmente en el área presupuestaria destinada a los convenios, programas y proyectos a través de los cuales las universidades públicas llevan a cabo acciones relacionadas con (a) la responsabilidad estatal de garantizar el derecho a la educación superior, (b) el desarrollo de políticas públicas en diversas áreas de la acción estatal, y (c) el desarrollo, fortalecimiento y expansión del sistema”.
La inclusión universitaria en jaque
La sub-ejecución, además, afecta muy especialmente el derecho a acceder a la educación superior. Sobre todo para aquellos estudiantes procedentes de familias de menores recursos que necesitan del Estado para poder ejercer ese derecho. Concretamente, en 2015 alrededor de 150.000 estudiantes recibían ayuda a través de los programas de Desarrollo Universitario.
En la actualidad fueron recortados: el Programa de Becas Bicentenario; el Programa Nacional de Becas Universitarias –enlace con el Programa FINES para la terminación de estudios secundarios–; PROGRESAR; programas de accesibilidad edilicia y de entrega de computadoras para estudiantes con necesidades especiales; programas para la construcción y sostenimiento de comedores y residencias; programas para el estímulo de la actividad deportiva; y programas para promover la igualdad de género.
Completa este cuadro la paralización de todas las actividades ligadas a la puesta en marcha de universidades y carreras de reciente creación y de nuevos colegios secundarios dependientes de las universidades nacionales, promovidos en el período anterior con la finalidad de ampliar y democratizar las oportunidades de acceso a la educación superior.
El primer documento difundido durante el mes de junio comparaba el nivel de actividad de la SPU de los primeros meses del año con lo realizado en el mismo periodo del año pasado, y preanunciaba transformaciones contrarias al fortalecimiento de un proyecto democrático en y para nuestras universidades. Este segundo informe sostiene las mismas conclusiones con el agregado de que, con el paso de los meses, aquellas tendencias provisorias se van convirtiendo en rasgos definitivos que caracterizan a la actual administración.
La situación implica un corte abrupto en el proceso que en la década pasada impulsó el desarrollo y transformación del sistema universitario público, guiado por el principio de que la educación superior es un derecho fundamental que debe ser asegurado por el Estado, y por la comprensión de que las universidades están llamadas a desempeñar un rol decisivo en la resolución de los problemas que plantea la democratización de la sociedad en todos sus órdenes.