Con una nutrida concurrencia que incluyó, entre otros, al ex ministro de Educación Daniel Filmus, el IEC-CONADU debatió el capítulo universitario del Plan Maestro, documento presentado por el Gobierno nacional que explicita algunas de sus líneas de intervención en el área educativa.

Quizás nada salte a la vista de manera tan nítida como las ausencias: ni inclusión, ni derecho a la educación superior, ni cogobierno, ni gratuidad, ni ingreso irrestricto, ni garantías de financiamiento, ni integración regional, por citar solo algunos, son conceptos que figuren en el capítulo universitario del Plan Maestro, el documento presentado en abril en que el Gobierno nacional plasmó algunas de las ideas de la reforma que buscará implementar en el sistema educativo. Con el título “Foro de Debate Público en Defensa del Derecho a la Educación”, el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de CONADU organizó el 6 de julio, en el Centro Cultural de la Cooperación, un encuentro que tuvo como objeto interpretar y debatir a partir del Plan Maestro las líneas directrices que pretende implementar en Gobierno en el sector.

Tras una introducción de la directora del IEC, Yamile Socolovsky, participaron en la discusión, entre otros, Daniel Filmus (ex ministro de Educación y candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires), Gabriela Diker (rectora de la Universidad de General Sarmiento), Mario Lozano (ex rector de la Universidad de Quilmes), Graciela Morgade (decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), Laura Alonso (ex subsecretaria de Políticas Universitarias y también candidata en Provincia de Buenos Aires Unidad Ciudadana), Carlos De Feo (secretario general de CONADU), Blanca Osuna (ex legisladora y ex intendenta de Paraná por el Frente para la Victoria-PJ), Federico Montero (secretario de Organización de CONADU), Damián Del Valle (coordinador de la Plataforma Regional de Políticas de Inclusión Universitaria, PRIU-IEC), Carolina Mera (directora del Instituto de Investigaciones Gino Germani), las investigadoras Fernanda Saforcada y Laura Rovelli, docentes y representantes sindicales e institucionales de las universidades de Buenos Aires, La Plata, de las Artes, Arturo Jauretche, La Matanza, General Sarmiento, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Río Cuarto, Hurlingham, Lanús, entre otras. También estuvieron presentes representantes de diversas organizaciones estudiantiles.

Planificación difusa

En buena medida, todos los participantes reconocieron que el Plan Maestro está lejos de ser un documento con los estándares mínimos de rigor que se requieren para un proyecto de planificación y mucho menos para convertirse en un anteproyecto de ley. Al punto de que muchos le auguraron poco tiempo de vida una vez concretado el reemplazo de Esteban Bullrich por Alejandro Finnochiaro como ministro de Educación.

Como anticipó en su presentación Yamile Socolovsky, el diagnóstico establecido en el Plan es “superficial, apoyado en datos desactualizados y descontextualizados, sin referencia a las fuentes, y cargado de supuestos descalificadores sobre la actividad de las instituciones públicas”. Entre otras falencias, la directora del IEC enumeró que no se especifican conceptos fundamentales (como el de calidad, por ejemplo), no se fundamenta la caracterización de prioritarias de algunas iniciativas, las metas no se deducen claramente del diagnóstico, no se establecen mecanismos de monitoreo de esas metas, algunas de las cuales son excesivamente imprecisas, y se proponen medidas que claramente violan la normativa vigente (como la que sustenta la autonomía, tanto en la Constitución como en la Ley de Educación Superior).

Sin embargo, todos los asistentes estimaron que es posible reconocer allí algunas de las líneas directrices que animan la política del Gobierno para el sector. “Encontramos una extraña síntesis de lo que podría ser una nueva contrarreforma”, graficó Socolovsky. “En la medida que es la palabra del Gobierno, creemos que tenemos que discutirlo”.

Derecho vs. Recursos Humanos

“No se habla del derecho a la educación en todo el Plan Maestro –denunció Gabriela Diker en su exposición–. Se habla más de la formación de recursos humanos que de la educación como derecho, con lo cual contradice todas las leyes vigentes y todos los principios que este país ha suscripto internacionalmente”. En ese punto, coincidió Daniel Filmus, todo el proyecto apunta a lo que llama “educar para el mercado”.

“El proyecto neoliberal –explicó– es que el Estado no conduzca el destino de las universidades, sino que pase a manos del mercado. ¿Qué es educar para el mercado? Educar para el mercado significa que yo no tengo que sobreeducar, tengo que educar a cada uno para el lugar donde va a ir en el mercado. Si tengo el 50% del trabajo en negro, tengo que educarlo para un trabajo precario. Si lo sobreeduco estoy gastando fondos públicos para algo que después no se va a utilizar”.

Por eso, apuntó Diker, “el derecho en el caso de la educación superior aparece sustituido por la idea de igualdad de oportunidades, sostenida por una sola herramienta que es la ampliación de becas”. Más allá de que en el último año se redujeron las ayudas a los estudiantes, lo que resultaría contradictorio con ese objetivo, la rectora de la UNGS recordó que “toda la historia del desarrollo de becas muestra que el sostenimiento material de los estudios no es suficiente para asegurar ampliación del derecho a la educación superior”.

“Mientras tanto –agregó en su intervención Laura Alonso– me parece que en el territorio, en las universidades hay una agenda real que va quedando invisibilizada. Me preocupa y me parece que tendríamos que darles visibilidad a los miles de pibes que hoy están dejando de poder ir a la universidad. Y entonces se va generando algo que ya vivimos en los 90, que es vivir esto como una cuestión individual, como una cuestión de mala suerte, de ‘bueno, evidentemente esto no era para mí’. Me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo por no naturalizar esas situaciones”.

El Plan Maestro no hace referencia tampoco a un abanico de políticas inclusivas que se desarrollaron en los últimos años: programas de salud, residencias universitarias, comedores u otras iniciativas que piensen a la universidad en términos interculturales, las cuestiones de género, los pueblos originarios.

“El énfasis en el tema de igualdad de oportunidades que aparece en el Plan Maestro –completó Fernanda Saforcada– me llevó directamente al documento de síntesis de acciones de Llerena Amadeo, Ministro de Educación de la dictadura, que hace en una parte de ese documento un análisis de por qué es importante hablar de oportunidades y no de igualdad. En esa cita está la clave o una de las claves acerca de cuál es la lógica política que está sosteniendo esta propuesta”. Hasta el concepto de inclusión se ve reducido a su mínima expresión en el Plan Maestro: “Aparece solamente en un apartado que tiene que ver con la educación especial, lo cual significa retroceder 30 años. Realmente no se ha retomado para ningún nivel educativo, tampoco para la universidad.”

Para Mario Lozano, el cambio de perspectiva supone finalmente un retiro del Estado: “Pensar a la educación superior como un derecho humano y una responsabilidad de los estados implica una responsabilidad de garantizar el financiamiento, la calidad, la inclusión, la pertinencia, todas esas dimensiones pensadas como una responsabilidad del Estado”.

“No es una meta de este plan expandir la educación superior”, resumió Diker, con quien coincidieron todos los participantes. Entre ellos, Damián Del Valle: “Es una mirada de la universidad pre-reforma, una universidad de élite. Todas las metas que se mencionan son para pensar a una universidad con los que ya están adentro, no para pensar una universidad con los que todavía no están, con la sociedad en general”.

La Universidad, el mercado y una autonomía condicionada

Socolovsky resaltó dos aspectos que juzgó preocupantes de lo que se deduce del Plan: la insistencia en el concepto de articulación en un proyecto que no distingue entre el sector público y el privado, lo que puede resultar en una transferencia de recursos financieros y simbólicos del primero al segundo; la determinación de que para 2026 el 100% del presupuesto esté atado a planes de desarrollo medibles y acordes con la política gubernamental, es decir, que las universidades tengan que lograr la autorización del Poder Ejecutivo para cada una de sus inversiones, lo que terminaría con la autonomía y la autarquía consagradas en la Constitución Nacional.

“Esa es la peor pérdida de autonomía que se puede llegar a pensar en relación al Gobierno –concluyó Del Valle–. Pero, a pesar de eso que es muy grave, la peor pérdida de autonomía está frente al mercado, lo que se planteó antes con relación al lugar de los sectores productivos, que no son los sectores productivos sino los sectores empresariales”.

Para Filmus, lo que se avecina es una nueva forma de privatización. “Por la tradición argentina, no va a pasar por vender o transferir al sector privado segmentos de la educación pública sino por trasladar los mecanismos gerenciales, los mecanismos de marketing a la educación. Las evaluaciones estandarizadas tienen que ver con eso. Empezamos a educar para esas pruebas. Entonces el éxito no es si el chico aprende o no, sino si contesta esas pruebas o no”.

Esta concepción es radicalmente distinta a la de un sistema universitario que genera pensamiento crítico, sostuvo el ex ministro, una concepción que no solo debe ser defendida sino profundizada, dado que es el argumento sobre el que se apoyan los proyectos elitistas y privatistas de la educación superior. “En este aspecto tenemos que una discusión muy fuerte para hacer, porque sin lugar a duda hemos tenido avances enormes, pero hay que ver si efectivamente nuestra universidad masivamente forma profesionales críticos, profesionales comprometidos con el país. La teoría del capital humano dice que si yo voy a formar un profesional cuyo objetivo es tener su consultorio y la renta que va a tener él, es decir, si la tasa de retorno es sólo individual, por qué lo paga toda la sociedad”.

En este sentido, la directora del IEC llamó la atención sobre el hecho de que en todo el capítulo universitario no se hace referencia a las formas de gobierno compartido de docentes, estudiantes y graduados (en ocasiones, también no docentes) que la ley y la tradición garantizaron. “Sobre el trasfondo de la insinuación de una presunta oscuridad y falta de transparencia en la gestión de las universidades públicas, se apela a una indefinida noción de ‘gobierno abierto’, sin que se explicite su relación con el co-gobierno. El documento parece ignorar que las universidades rinden regularmente cuentas del uso de sus recursos no solo antes sus propios órganos colegiados sino ante la Sindicatura General de la Nación”.

Es en ese marco que casi de manera exclusiva el concepto de “calidad”, que sobrevuela todo el documento, encuentra alguna precisión. Aquí, puntualiza Socolovsky, es asociado con las ideas de “evaluación” (a través de diversos mecanismos), “acreditación”, “transparencia”, “rendición de cuentas”, lo que podría vincularse con la campaña de desprestigio de la que están siendo objeto las universidades nacionales.

Diker llamó la atención sobre que no hay referencias a cómo se llevará adelante la coordinación y la planificación que el documento promete. La única mención a los órganos de coordinación actualmente existentes se reduce a los CPRES (Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior), “dejando afuera –puntualizó– dos dimensiones importantes: la más local, para la que también una Universidad planifica y desarrolla acciones, y la escala nacional”. La rectora de la UNGS anunció que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) está discutiendo qué posición asumirá ante el Plan y llevará al Consejo de Universidades, que por ley debe obligatoriamente ser consultado ante cualquier modificación en el sector.

Dado que en los CPRES coinciden las universidades públicas y privadas, para Graciela Morgade, “esta articulación del sistema de los CPRES, en realidad, está ocultando el interés de que las universidades privadas y las universidades públicas tengan esa asociación que tantas veces se pensó, que termina en las universidades privadas absorbiendo una parte de la matrícula de las públicas o viceversa”.

Créditos e internacionalización

En este panorama, lo que parece ser el corazón del proyecto, al menos lo único actualmente en marcha, es el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Esta es la herramienta fundamental con la cual se busca traducir a la realidad uno de los conceptos más reiterados y poco explicados del Plan, la “articulación”, señalaron varios de los asistentes al encuentro.

El SNRA es un dispositivo que la Secretaría de Políticas Universitarias lanzó en septiembre, por el cual, a través de una serie de convenios y un sistema de créditos, se busca favorecer la movilidad entre instituciones. Es decir, que un estudiante pueda comenzar su trayecto académico en una universidad y terminarlo sin mayores trabas en otra, pública o privada, de aquí o del exterior, ya que podrá trasladar los créditos obtenidos de una a otra. “La mayoría de las universidades nacionales han firmado convenios para sumarse sin que haya ningún debate público”, advirtió Socolovsky.

El Plan Maestro pretende resolver mediante este mecanismo el desgranamiento de las carreras (atribuyendo a la supuesta rigidez del sistema y no a factores socioeconómicos o de condiciones de la enseñanza la llamada “deserción”), pretende promover la circulación internacional de los estudiantes (lo que, según el plan, mejoraría la calidad) y ordenar otra forma de “articulación”, aquella que se produciría con los sectores productivos (el Plan no aclara qué incidencia tendrían en este rubro, respectivamente, las empresas, el Estado o la economía social).

Uno de los objetivos más claros explicitados por el Plan es el de la internacionalización, donde juega un rol estratégico el SNRA. “Aparece como una meta específica triplicar la cantidad de estudiantes de grado y de posgrado que viajen al exterior –relató Saforcada–. Con los antecedentes de los dichos de Ministro Barañao con respecto a que en parte el problema universitario era que los investigadores no se iban, hablar de incrementar la movilidad internacional sin hablar de cuáles son las condiciones de inversión posible en el sistema científico-tecnológico es alentar efectivamente la salida, la fuga de cerebros, que ha sido un problema central no sólo para Argentina, sino para toda América Latina, en términos de la transferencia de recursos en todos los sentidos hacia los países centrales”.

Damián Del Valle apuntó a otra falencia de cómo está planteado el tema de la internacionalización: “Una omisión muy importante es el de la integración regional. La internacionalización pensada como la simple movilidad de los estudiantes, claramente está mirando hacia los centros mundiales de producción del conocimiento. Esto tiene una lógica muy coherente mirando cómo está planteado el sistema de reconocimiento de créditos”.

En términos de internacionalización, Daniel Filmus denunció otra intención, quizás no tan evidente. Por su Ley de Educación Nacional, Argentina tiene prohibido firmar acuerdos que mercantilicen la educación. Por ello, no puede sumarse a la tendencia que impulsa la Organización Mundial del Comercio para que la educación sea considerada un servicio como cualquier otro.

“El objetivo de los países centrales –explicó– es encontrar cómo entran en nuestros mercados vendiendo bienes educativos. Entonces, cualquier universidad del mundo puede vender acá lo que quiera, cualquier escuela del mundo puede vender acá lo que quiera. Pero esos acuerdos dicen que ningún país puede ponerle una restricción al servicio que viene de afuera distinta a la que tiene el local. Como nosotros subvencionamos la educación privada, habría que darle exactamente las mismas subvenciones a los que vienen de afuera. Creo que ahí hay que poner uno de los principales énfasis y alertar sobre lo que va a significar esto, que es la destrucción de las universidades nacionales, compitiendo con cualquier universidad y con cualquier tipo de educación superior del mundo”.

Depreciar la educación superior pública

Todos los asistentes mostraron la convicción de que el objetivo de fondo es desarticular o desvalorizar el sistema público. Como señaló Morgade, “no hay claridad respecto de cuál es la conformación del sistema científico-tecnológico. Eso está mostrando una concepción de universidades que es pobre, porque finalmente ¿dónde estarían colocadas las universidades que no fuese en la transmisión de ciertos conocimientos, en los ‘enseñaderos’ que muchas veces hemos criticado?”

En el plano docente, apenas se concentra en la aspiración de aumentar la tasa de posgraduación de los profesores, sin mayores precisiones sobre cómo se financiará, y sin referencias a las condiciones laborales, como advirtió, entre otros, la investigadora Laura Rovelli: “está escasamente debatida cuál es la propuesta de esa formación de posgrado, con escasa articulación con la posibilidad de pensar plantas y dedicaciones y de articularlas con la implementación de las carreras docentes y académicas, que son parte del Convenio Colectivo de Trabajo”.

Para Filmus, este empobrecimiento del sistema público tiene que ver con el proyecto de sociedad que plantea Cambiemos: “Una Argentina con una minoría muy cualificada, que después de los 90 empieza a ser formada por las universidades privadas, y la mayoría muy descualificada, aun cuando llegue al nivel superior”.

Por esa razón, el secretario de Organización de CONADU, Federico Montero, llamó a fijar una posición frente a lo que sugiere del Plan Maestro, no solo de cara a la comunidad universitaria sino también al conjunto de la sociedad. “Poder clarificar esto en términos de cuáles son los alcances del proyecto de universidad de Cambiemos, y cuál es la alternativa que nosotros le planteamos a la sociedad, no solamente es una necesidad sino que es la responsabilidad que tenemos como Federación de Docentes Universitarios. De la mano de eso, lo que corresponde es construir un programa político basado en la idea del derecho a la universidad. Un programa político que nos permita articular a distintos sectores, desde lo gremial, desde lo académico, desde los distintos espacios políticos en función del sostenimiento de esta idea. Un plan de desarrollo del sistema universitario que se exprese en términos de proyecto de ley o de distintas iniciativas de carácter político”.