El debate por los “créditos”

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IEC-CONADU. Viernes 8 de septiembre del 2017

SEGUNDO FORO POR EL DERECHO A LA UNIVERSIDAD

El gobierno nacional puso en marcha el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, una metodología que –con el argumento de favorecer la movilidad de los estudiantes— tiene una cantidad de puntos oscuros que fueron debatidos en un encuentro organizado por el IEC.

El Gobierno nacional concretó a fines de agosto el primer paso en la implementación del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA), un mecanismo de lo que habitualmente se denomina “créditos” por el cual estudiantes de distintas carreras de Ingeniería podrán cambiar de universidad sin rendir equivalencias. Esta herramienta, que se busca extender a otras carreras, se puso en marcha a través de la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación y 47 universidades públicas y privadas de tofo el país. Junto con el ajuste en la inversión en el sistema público, el SNRA se empieza a convertir así en una de las puntas de lanza de la política universitaria del macrismo.

Por esa razón, el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC-CONADU) dedicó su segundo Foro de Debate Público a la puesta en práctica del SNRA, un proceso que, en los primeros análisis, aparece marcado por la poca información que se conoce sobre su desarrollo; por la utilización de prácticas extorsivas que conducen a las universidades a adherirse a cambio de la posibilidad de acceder a fondos y por una perceptible tendencia a centralizar las decisiones en el Poder Ejecutivo.

En el encuentro, realizado el 31 de agosto en la sede del Sindicato de Docentes Privados (SADOP), hubo presentaciones de Juan Pablo Abratte (decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba), Oscar Graizer (secretario académico de la Universidad Nacional de General Sarmiento) y Cristina Nacif (consejera superior en la Universidad Nacional de San Juan). Además, entre otros referentes del ámbito universitario, participaron la rectora de General Sarmiento, Gabriela Diker, y el ex titular del CONICET, Roberto Salvarezza.

La jornada fue abierta por la directora del IEC, Yamile Socolovsky, quien ubicó el SNRA en el marco del Plan Maestro, el documento que contiene algunas de las orientaciones que el Gobierno nacional pretende imponer al sistema educativo. En ese sentido, destacó que allí se le atribuyen a esta herramienta la capacidad de solucionar situaciones tan distintas como la baja tasa de graduación (“difícilmente la baja tasa de graduación pueda ser explicada por la imposibilidad de cambiar de universidad”, objetó Socolovsky) y la profundización del vínculo con universidades del extranjero o con el “sector productivo”.

Ante la falta de precisiones, Socolovsky denunció el “secretismo” con que el Ministerio de Educación está llevando adelante su puesta en marcha. “No se ha planteado en ningún momento una convocatoria a un ámbito público suficientemente representativo e informado para discutir estas cuestiones. En la implementación hay una característica ligada al secretismo que favorece el avance de facto de estos programas”. Este rasgo se combina, según la directora del IEC, con un carácter extorsivo, en el marco de un desfinanciamiento general del sistema público: “El desfinanciamiento prepara las condiciones para el ingreso de políticas, en la medida en que vienen de la mano de financiamiento complementario. Con mayor o menor entusiasmo o resignación, terminan siendo tomados por las instituciones como un modo supervivencia”.

Formas de articulación

En la primera intervención de la tarde, Juan Pablo Abratte recordó que un sistema similar había comenzado a desarrollarse en la Universidad Nacional de Córdoba y sirvió como antecedente para el SNRA, al cual se incorporó la UNC. En función de esa experiencia y de la poca documentación disponible, planteó algunas de sus dudas sobre las futuras consecuencias a mediano y largo plazo del SNRA. “Siempre hablamos de hipótesis porque esto recién se está planteando y la información que tenemos es muy poca”, aclaró.

El directivo llamó la atención de que el convenio “no tiene fundamento teórico” más allá de algunas ideas generales. “Se plantea básicamente como un convenio de articulación entre instituciones de educación superior pública y privada”. A través de él, experiencias formativas muy heterogéneas entre sí –carreras, trayectos, ciclos, asignaturas, prácticas– recibirán un monto de créditos ­–que en SNRA se llaman RTF: Reconocimiento del Trayecto Formativo– que podrán ser validados en otra o en la propia institución, con el objetivo de favorecer la movilidad, generar un curriculum flexible, reconocer trayectos de formación que no siempre están reconocidos en los planes de estudios, etcétera. “Es decir, se plantea como una alternativa neutra”, concluye Abratte.


Entre las posibles consecuencias negativas del Sistema, Abratte mencionó: el fomento de lógicas de competencia entre distintas instituciones (para obtener, por ejemplo, convenios de articulación con otras instituciones en función de la lógica mercantil de atracción de estudiantes), la difusa articulación con el “sistema productivo” a la que propende el Plan Maestro (“es tan flexible el sistema que puede incorporar prácticas académicas pero también laborales”), la pérdida del anclaje disciplinar de las materias (es decir, el perfil que cada facultad da, en función de sus necesidades académicas, a cada asignatura) o la posible profundización de las brechas entre regiones, ya que el SNRA establece como límite para firmar convenios entre instituciones los de los CPRES (Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior), organismos que agrupan a instituciones públicas y privadas de una misma región.

En este sentido, al terminar el panel principal, Roberto Salvarezza sumó dos objeciones. Por un lado, la dificultad que se puede plantear cuando se pase de las ciencias “duras”, como las Ingenierías o las carreras de Informática (que serán las próximas en ingresar al sistema) y las ciencias sociales, mucho más difíciles de puntuar de manera homogénea. Por el otro, si bien no descartó que el mecanismo pueda tener algunos rasgos ventajosos, centró sus temores en ciertos niveles de la educación superior: “Me parece que esa discusión se puede dar en el grado. Pero me preocupa qué puede pasar en el pregrado y el posgrado. Me preocupa que haya un paraguas tan amplio y tan ambiguo que permita formas de articulación entre la universidad pública y privada en posgrado. Pienso particularmente: ¿qué pasa con los posgrados que no tienen validez académica fuerte y que la necesitan porque pueden tener un valor de mercado, para los que poder complementarse con una carrera de posgrado de una universidad pública le genera atracción?”

Falta de información

“Sabemos que la movilidad no es uno de los principales problemas del sistema universitario argentino”, puntualizó Abratte. Por ello, cree que el Sistema puede ser la herramienta para cambios más profundos: “hay preguntas en relación a cómo se cruza un sistema presentado desde una perspectiva muy neutral con un rediseño del sistema mucho más complejo”. En el mismo estado de sospecha, Cristina Nacif, de la UNSJ, informó que en la Universidad Nacional de San Juan están “en un estado de rigurosa y estricta vigilancia frente a los procedimientos que presentan las iniciativas políticas del Gobierno nacional, con el ocultamiento de las cláusulas contractuales”.

En ese sentido, llamó a estar atentos al posible envío al Congreso de la Nación –como originalmente estaba previsto— del Plan Maestro, en el que el SNRA es una pieza crucial del capítulo universitario, para que sea sancionado como ley. Nacif advirtió que, de así ocurrir, corren riesgo de ser derogadas leyes como la de Financiamiento Educativo y la llamada “Ley Puiggrós”, que establece la prohibición de mercantilizar la educación superior estatal. Lo mismo ocurre –detalló Nacif– con la Resolución del Ministerio de Educación de octubre de 2016 que puso en marcha el SNRA. Para la consejera superior de la UNSJ, al desconocer la existencia de aquella ley, que deroga normativas de un decreto de 1995 que la resolución reconoce, el SNRA puede tener en su origen vicios de ilegalidad.

El último de los expositores, Oscar Graizer, explicó cómo su universidad, la de General Sarmiento, se negó a firmar el primer convenio general del SNRA por considerar que el Ministerio no ofreció los detalles del proyecto. Por ello, como les ocurrió al resto de las casas de estudio que tomaron esa decisión (63 universidades adscribieron originalmente al sistema) fue excluida desde entonces de recibir cualquier otra información que le permitiera tomar una decisión fundamentada.

Reforma y presupuesto

Graizer anticipó algunos de los posibles aspectos extorsivos del sistema. Informó que, a cambio de incorporarse a él, “el SNRA habilitaría dos vías de acceso presupuestario: una es un programa de formación en curriculum ligado al SNRA y otro en relación con cuestiones administrativas”. El secretario académico de la UNGS llamó a ligar esta orientación con la que impone que “cualquier programa o desarrollo que quiera tener una universidad tiene que ser presentado de acuerdo a un programa que han denominado PDI (Proyecto de Desarrollo Institucional), el cual deberá ser negociado con la Secretaría de Políticas Universitarias para definir un plan de financiamiento”.

Nacif, por su parte, consideró que el Gobierno nacional “toma demandas de larga data, pero las concreta en procedimientos que claramente responden a criterios neoliberales, de eficiencia, de eficacia, cuando uno las pone en contexto con otras argumentaciones y con su propia política económica”. Con ella concidió Gabriela Diker, rectora de la UNGS, que aportó su mirada al cierre del panel: “Debemos asumir que tenemos un sistema muy rígido. Cuando nosotros creamos una carrera de grado, está destinada a estabilizarse un larguísimo tiempo y no es capaz de seguir cosas propias de los vaivenes juveniles. Pensar este problema permitiría a universidades que están localizadas en regiones con baja densidad de población, pero que atienden un ámbito geográfico muy amplio, ofrecer una parte de una carrera porque no tienen la densidad para atender una carrera completa. Lo mismo con la educación a distancia o la planificación de las carreras que ofrecemos. Todos estos problemas genuinos del sistema universitario se vuelven hoy la cara del ajuste”.

En relación a la imbricación entre presupuesto y SNRA, Diker apuntó: “Hay un aspecto central que no se está discutiendo y que los rectores no preguntan y es, por ejemplo, ¿por cuantas universidades puede pasar un estudiante? ¿Cuál es la universidad que lo gradúa? ¿Donde hizo la última materia, donde hizo más materias, donde hizo el trayecto más largo? ¿Qué pasa en términos de distribución presupuestaria, que entre otras variables considera el número de estudiantes? Hay cuestiones que tocan el presupuesto pero que no sabemos cómo van a seguir”.

Control centralizado

Juan Pablo Abratte advirtió que los convenios firmados significan una pérdida de autonomía de las facultades hacia el rectorado y de cada universidad hacia el Ministerio de Educación de la Nación: “Se presenta como una cuestión voluntaria, pero en el Plan Maestro se plantea alcanzar para el 2021 la incorporación del 100% de la oferta al SNRA. Lo que uno ve es que lo que se muestra como un sistema flexible, voluntario, en términos de política es otra cosa”.

También para Graizer, la forma en que está estructurado el SNRA conduce a un control cada vez más centralizado del sistema de educación superior. El directivo detalló el procedimiento por el cual se establecieron las equivalencias entre las materias de, hasta ahora, las carreras de ingeniería adscriptas al Sistema: cada RTF equivale a entre 27 y 30 horas de trabajo estudiantil (asistencia a clase, más horas de estudio).

Según el secretario académico de la UNGS, este tipo de contabilización es habitual en cada universidad, pero se preguntó: “¿cuál es el trabajo acá? Es hacerlo factible de ser gestionado centralmente. No solo la gestión es central sino que el proceso de acuerdo entre universidades es gobernado por la SPU. Estos procedimientos claramente van en la línea de centralizar el control y no de armar sistema. Un sistema no es necesariamente controlado centralmente. ¿Por qué no lo hace el Consejo de Universidades? No es obvio que lo tiene que hacer la SPU. Hay debates que no son públicos y no hay acuerdos de todo el sistema universitario sino de aquellas partes que firman”.

Graizer llamó la atención también sobre la falta de consulta al Consejo Interuniversitario Nacional y al Consejo de Universidades, órganos que obligatoriamente deben dar opinión sobre las políticas para el sector. En la misma línea, Diker consideró que el Gobierno está utilizando el concepto de autonomía para negociar con cada casa de estudio, impidiendo la posibilidad de que todo el sistema establezca posiciones o supervisiones conjuntas. “Las universidades han delegado su autonomía firmando el primer convenio, sin saber a qué se adherían. Estamos haciendo un uso bastante irresponsable de nuestra autonomía, pero que permite que estas iniciativas de la SPU no sean discutidas por el conjunto del sistema”.